Cardenal Omella que figura en la lista del rotativo El País como encubridor, encargó la auditoría sobre abusos sexuales por la que la CEE pagó más de un millón de Euros.
EN ESTE ARTÍCULO
- II. Omella después de Zaragoza: Barcelona, abusos, silencios y poder
Buena Lectura. Equipo Jacques Pintor
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Zaragoza fue el origen visible de la forma de actuar del cardenal Juan José omella. Barcelona fue el lugar donde esa forma se convirtió en poder ordinario. Allí ya no se trataba sólo de un expediente contra un arzobispo, de una carta, de un seminarista o de una operación interna contra el Opus Dei. En Barcelona aparecieron otros materiales: parroquias, denuncias, silencios, expedientes de abusos, documentos trasladados o no trasladados a Roma, personas vulnerables, sacerdotes castigados, laicos incómodos, periodistas presionados, y una Iglesia oficial que hablaba de transparencia mientras acumulaba zonas oscuras.
El primer dato es anterior a la llegada de Juan José Omella a Barcelona. En mayo de 2015, cuando la diócesis seguía bajo el cardenal Lluís Martínez Sistach, se publicó una información sobre dos parroquias de Mataró, Sant Josep y Santa María, y sobre el uso de la revista Valors como plataforma de contenidos y afinidades políticas, distribuida en las parroquias. Esa red local de poder cultural, político y eclesial fue incorporada después al conjunto de advertencias recibidas por Omella sobre la situación de Mataró.
Cuando Omella llegó a Barcelona a finales de 2015, no llegó a una diócesis en blanco. Llegó a una diócesis con conflictos heredados, con denuncias internas, con expedientes pendientes y con un historial de ocultación de abusos ya señalado por prensa generalista. Según los documentos trabajados, en 2016 se elaboró y se le entregó en mano un informe completo, habiéndose pedido audiencia primero. El resultado descrito por esas fuentes no fue la apertura transparente de una investigación, sino una reacción contra el denunciante, con amenaza de penas canónicas tras unos meses de silencio y después que el mismo denunciante lo entregara en mano en el Dicasterio de la Doctrina de la Fe y en el Dicasterio del Clero. Ese patrón es relevante porque se repite: quien aporta documentación acaba convertido en problema; el documento deja de ser el centro; el centro pasa a ser la incomodidad que el documento causa.
Mataró aparece por dos vías. Una es la vía político-parroquial: revistas, ambientes, nombres locales, redes de influencia y permisividad pastoral ante contenidos que el denunciante consideraba incompatibles con la doctrina católica. Otra es la vía más grave: los abusos en el colegio de los Maristas de Valldemía. El documento sobre Mataró recoge una conversación con una cuasi víctima del hermano Conde, primero, y con dos víctimas directas de tocamientos por parte de ese mismo religioso, situada en la década de los setenta. También recoge que se contactó años antes con la Fundación Champagnat y que se comunicó al periodista Jordi Picazo que el hermano Conde había fallecido. El hecho periodístico no es sólo el testimonio. El hecho periodístico es que, una vez más, una institución recibió información y la respuesta se agotó en una constatación biográfica: el acusado ya no estaba.
La memoria de los abusos no se conserva sola. Si nadie la ordena, se dispersa. Si nadie la publica, queda atrapada entre carpetas, nombres propios, vergüenza familiar, prescripción civil y cansancio de las víctimas. Por eso los documentos de Mataró no deben presentarse como anécdota local. Sirven para mostrar el ambiente en el que Barcelona recibió a Omella: una diócesis con materiales sensibles, con víctimas posibles o reales, con información circulando, y con una jerarquía que podía elegir entre abrir ventanas o administrar silencios.
La cuestión se agrava con el caso de la llamada Casa de Santiago, en Barcelona. Varios documentos sostienen que existían cajas, pruebas o materiales relativos a una trama antigua de pederastia eclesial. En uno de los textos se afirma que esas pruebas habrían sido recortadas cuando fueron enviadas a Roma antes de la pandemia. En otro se sostiene que el cardenal Omella reconoció en una conversación telefónica que las pruebas estaban bajo juez. La frase es importante no por su valor retórico, sino por lo que presupone: si las pruebas estaban bajo custodia judicial o relacionadas con una instancia judicial canónica, la materia no era rumor ni mera polémica eclesial.
En 2021 aparecen los documentos relacionados con Salvador Biarnés y monseñor Jaime González-Agápito. Biarnés aparece como un laico con acceso a información sensible y con aspiraciones o reclamaciones de reconocimiento eclesial, que llega a extorsionar al cardenal, utilizando su acceso a una copia de los documentos que el cardenal daba por perdida, para exigirle que le ordene sacerdote. González-Agápito aparece vinculado al lugar donde, según los documentos, se conservaban pruebas de la Casa de Santiago, su basílica-parroquia, santa María de Pedralbes. Los papeles describen una diócesis en la que la información sobre abusos no fluye institucionalmente hacia la verdad, sino hacia la gestión del daño.
En ese mismo contexto debe situarse la llamada al Rvdo. Custodio Ballester. Según el documento actualizado en 2025, monseñor Jordi Bertomeu y el cardenal Omella habrían intervenido para que Ballester retirara un artículo crítico con la inacción ante la crisis de pederastia de la Casa de Santiago.
La pregunta que deja ese episodio no necesita adornos: si había documentos sobre abusos, si había sacerdotes y laicos hablando de ellos, si había periodistas siguiendo la pista, ¿por qué la primera reacción institucional parecía orientada a controlar la publicación y no a publicar la verdad?
El caso del Reverendo Miguel Ángel Barco entra también en esta segunda crónica porque permite observar el mismo mecanismo desde otra puerta. En 2017, según el documento sobre la propuesta de trabajo a Barco como profesor, Omella habría hablado con el abogado de Barco y habría sugerido una salida laboral si el sacerdote aceptaba una secularización. El documento antiguo interpreta esa propuesta de manera severa. En la nueva redacción basta con dejar formulado el dilema: si Barco era peligroso o culpable, no se entiende que se le ofreciera una salida docente; si no lo era, no se entiende que se le exigiera aceptar una culpa. Esa contradicción pertenece al núcleo del caso Omella.
También hay documentos sobre promociones. Uno de ellos se refiere al Rvdo. Ramón Batlle Tomás, presentado como persona próxima al entorno de Omella y vinculado al ISCREB, Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona. Ya mostramos la existencia de una tesis doctoral de Batlle, inicialmente suspendida, supuestamente favorecida esta vez por presión o coacción a la rectora de la Universidad de Salamanca.
En marzo de 2020 Omella fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española. Los documentos sobre ese momento muestran algo que conviene contar sin exageración: su candidatura fue leída por distintos sectores como una candidatura útil para el Papa Francisco, para una parte del episcopado y también para interlocutores políticos o mediáticos de izquierda. En la víspera de la elección, Omella fue presentado como un obispo capaz de encajar con el clima político del Gobierno y con la línea romana de Francisco.
Un cardenal que se presentaba públicamente como pastor moderado, provida y de comunión eclesial podía ser, al mismo tiempo, recibido con expectativa favorable por sectores ajenos o incluso críticos con la doctrina católica tradicional. Esa doble recepción ayuda a explicar su utilidad pública: Omella servía como rostro amable hacia fuera y como operador disciplinario hacia dentro.
La carta abierta de José Antonio de Yturriaga Barberán al cardenal Omella añade otra capa. Yturriaga, antiguo embajador de España, escribió a Omella tras su elección como presidente de la Conferencia Episcopal y volvió a dirigirse a él por la posición de la Conferencia Episcopal Tarraconense ante los indultos del proceso independentista catalán. La carta plantea una objeción moral clásica: no hay perdón sin verdad, ni reconciliación sin arrepentimiento. Ese argumento conecta con todo lo anterior. En abusos, en expedientes internos, en política eclesial y en la vida pública, el problema no es hablar de misericordia. El problema es usarla para evitar justicia.
Mientras tanto, Omella acumulaba presencia romana. En diciembre de 2017 fue designado miembro del Tribunal de la Signatura Apostólica y renovado en la Congregación para los Obispos. En 2023 fue nombrado miembro del Consejo de Cardenales especial creado ad hoc por el papa Francisco. Estos datos públicos no prueban por sí solos ninguna responsabilidad. Pero sí explican el contexto de poder: el personaje que aparece en los documentos de Zaragoza, Barcelona y la Conferencia Episcopal no es un obispo periférico. Es un cardenal con acceso a los lugares donde se nombran obispos, se interpretan normas, se administran expedientes y se habla con Roma.
En ese marco debe leerse también el documento sobre monseñor Pío Vito Pinto. En enero de 2021, Omella participó en la presentación de una obra vinculada a la praxis de nulidad matrimonial de quien había sido decano de la Rota Romana. El documento conecta ese gesto con la llamada lista Pecorelli, de masones miembros de la curia vaticana, entregada en mano al Papa Juan Pablo I por el periodista ex masón sandro Pecorelli pocas horas antes de ser encontrado el Papa muerto en su cama. Pío Vito Pinto figura en la lista. Pecorelli moría acribillado a balazos en su coche esa misma semana. El episodio muestra la facilidad con la que Omella se movía en actos y ambientes de alta curia, incluso cuando alrededor de ciertos nombres existían controversias históricas que merecían, como mínimo, distancia institucional o explicación.
El archivo termina abriéndose de nuevo hacia Arana. El documento sobre el juicio contra el jesuita Germán Arana, fechado en diciembre de 2023, sostiene que la causa civil permitió llevar al banquillo una parte del caso que la Iglesia no había querido esclarecer de forma suficiente. También señala que Omella habría entorpecido o no facilitado la clarificación del procedimiento. Lo que empezó como expediente eclesiástico acabó teniendo derivaciones civiles, testigos, sentencias, recursos y una pregunta persistente sobre el papel de la jerarquía.
La escena pública de la Conferencia Episcopal ante los abusos completa la paradoja. Omella apareció en una rueda de prensa vinculada al despacho contratado por la CEE para investigar abusos sexuales en la Iglesia española. En ese mismo archivo, sin embargo, se recuerda que Omella había sido señalado por prensa nacional en relación con ocultaciones. La imagen es potente porque no necesita adjetivos: un cardenal cuestionado por su gestión de documentos y denuncias sobre abusos aparece abanderando la respuesta institucional a las víctimas.
Esta segunda crónica no pretende cerrar el caso. Pretende impedir que se fragmente. Mataró no es un apéndice menor. La Casa de Santiago no es un rumor lateral. Barco no es sólo una víctima individual. Biarnés no es sólo un personaje incómodo. Ballester no es sólo un cura al que se llama para retirar un texto. La CEE no es sólo un cargo. Roma no es sólo un escenario lejano. Todo funciona como archivo de una misma pregunta: cuando Omella tuvo delante documentos, personas, denuncias, expedientes y poder suficiente para actuar, ¿qué hizo?
La respuesta no debe formularse como sentencia, sino como memoria pública. Los documentos quedan publicados aparte, uno por uno, con su contexto y su enlace a esta crónica. El lector podrá verlos sin que el relato se vuelva ilegible. Y el relato podrá leerse sin que la prueba desaparezca. Ése es el criterio de esta nueva etapa: contar los hechos, conservar los documentos, reforzar la trazabilidad y no permitir que la memoria vuelva a quedar encerrada en carpetas que nadie abre.
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