EN ESTE ARTÍCULO
- III. Cuando Roma recibe: cartas, expedientes, recursos y silencios. Omella
Buena Lectura. Equipo Jacques Pintor
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Hay expedientes que no desaparecen: cambian de mesa. Salen de una diócesis, llegan a una congregación romana, pasan por una nunciatura, son citados en un procedimiento civil, reaparecen en una carta, se mencionan en un audio o quedan dormidos en una instancia que nunca explica públicamente qué resolvió.
Ésta es la ruta que importa ahora en relación a la figura oscura del cardenal Omella. No se trata de repetir Zaragoza. Tampoco de volver a contar Barcelona. Se trata de seguir los documentos cuando dejan de pertenecer al lugar donde nacieron.
El primer bloque documental fue Zaragoza. La caída de monseñor Manuel Ureña, el caso Marcelo, las cartas de Elías Yanes, la intervención atribuida a Omella ante instancias romanas, la figura de Germán Arana y la aparición posterior del Reverendo Miguel Ángel Barco forman una cadena de transmisión. Los documentos sostienen que Roma no fue una espectadora lejana. Roma recibió cartas, informes, acusaciones y comunicaciones que condicionaron la vida de una diócesis.
En esa cadena aparece el cardenal Stella. No como personaje ornamental, sino como canal. Los documentos lo presentan como vía de llegada al Papa, como autoridad romana implicada en decisiones que afectaron a Ureña, Barco y el entorno zaragozano.
También aparece Germán Arana. Arana aparece vinculado a cartas contra Barco, a informaciones transmitidas contra Ureña, a la Operación Opus Dei y a procedimientos civiles posteriores. Cuando un mismo nombre aparece en tantos cruces, el lector no necesita adjetivos; necesita ver la ruta.
El caso del Reverendo Miguel Ángel Barco es el punto donde la justicia eclesiástica y la justicia civil se rozan. Si la Iglesia actuó con verdad, debía poder mostrar el expediente con garantías. Si no lo hizo, debía reparar. Lo que muestran los documentos es otra cosa: una acusación discutida, informes contradictorios, pérdida de medios de vida, presión para aceptar una salida y un itinerario de indefensión. El caso Barco no es sólo una desgracia personal; es una prueba sobre el funcionamiento del sistema cuando alguien queda marcado por una acusación y privado de defensa efectiva.
Parte de esa materia llegó a procedimientos civiles. La querella o proceso relacionado con Arana permitió que cartas, acusaciones y obtención de documentos fueran examinadas fuera del circuito eclesiástico. Omella no facilitó la clarificación de ese itinerario. La obstruyó. La formulación prudente es ésta: cuando el caso salió de la Iglesia y llegó al juzgado, la pregunta sobre el papel de Omella no desapareció; se hizo más visible.
La Signatura Apostólica aparece como otra estación. Omella fue nombrado miembro de ese tribunal en diciembre de 2017, pocos meses después de ser creado cardenal. El dato es público. Su relevancia, dentro de este archivo, es institucional: un cardenal relacionado en los documentos con conflictos graves entraba en una de las instancias superiores del derecho canónico. Al mismo tiempo, otros documentos hablan de denuncias elevadas a Roma y de expedientes cuya resolución pública no se conoce. La cuestión no es biográfica. Es de responsabilidad: quien ocupa estructuras de justicia no puede tratar los expedientes como materia privada.
La Congregación para la Educación Católica aparece en el caso Marcelo. La Congregación para el Clero aparece en la línea Barco. La Congregación para la Doctrina de la Fe aparece como destino de denuncias o como horizonte natural de asuntos de abusos o delitos reservados. La Nunciatura Apostólica en España aparece como canal diplomático. Roma, por tanto, no es una palabra vaga. Es un conjunto de despachos concretos donde entran papeles y de donde deberían salir decisiones.
También entran en esta ruta los documentos sobre la Casa de Santiago. No para repetir la segunda crónica, sino para seguir el movimiento del expediente: si había cajas, pruebas, testimonios o materiales enviados a Roma de forma incompleta, el hecho decisivo no es sólo que existieran en Barcelona. El hecho decisivo es qué recibió Roma, quién lo preparó, qué se omitió, quién lo supo y qué respuesta hubo.
La Oficina de Delicta Graviora en el seno de la Congregación para la Doctrina de la Fe y monseñor Jordi Bertomeu aparecen en ese contexto. El documento sobre Custodio Ballester sostiene que hubo llamadas del cardenal Omella a Ballester para retirar un artículo crítico sobre la inacción ante una crisis de abusos. Si eso fue así, la ruta documental se convierte en ruta de control informativo: antes de esclarecer públicamente, se intenta contener la publicación.
En 2020, Omella llega a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española. Desde ese cargo participa en la respuesta institucional a los abusos en España. Pero el archivo ya contenía preguntas sobre Zaragoza, Barcelona, Barco, Casa de Santiago, expedientes, cartas y silencios. La paradoja es sencilla: el cardenal que debía representar la limpieza institucional aparecía en documentos que pedían explicación sobre su propia gestión.
En 2023, Omella es nombrado miembro del Consejo de Cardenales. El dato no prueba culpabilidad alguna. Pero agrava la pregunta documental: ¿qué sabían en Roma de los expedientes, denuncias, cartas, procedimientos y archivos que ya circulaban? Si no lo sabían, ¿por qué no lo sabían? Si lo sabían, ¿qué valoración hicieron?
La clausura de nuestra anterior web (jacquespintor.com) mediando un escrito de la Policía Nacional de España (por orden de una juez que muestra en su auto cautelar animadversión a la Iglesia Católica y defiende la homosexualidad del denunciante, sacerdote católico en se momento) al servidor israelí WIX y la obediencia del personal receptor de ese escrito cuando no están sujetos a esa decisión transnacional, convierte esta serie que el lector tiene en sus manos en algo más que una publicación nueva. Parte del archivo quedó sustraído al lector. Por eso esta crónica no pretende adornar una tesis, sino reponer una trazabilidad: documento, destinatario, respuesta, silencio, consecuencia.
La pregunta final es procedimental: cuando un expediente llega a Roma, ¿quién lo lee, quién lo resume, quién lo archiva, quién lo traslada, quién protege al denunciante y quién protege al denunciado? La memoria empieza ahí.
Se invita a las lectoras y a los lectores a comentar, aportar información y participar en un debate factual y respetuoso.
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