Leo XIV with the King and Queen of Spain
EN ESTE ARTÍCULO
- Artículo de Jordi Picazo en la Prensa internacional: “La España que no aparecerá en la foto con León XIV”.
Buena Lectura. Equipo Jacques Pintor
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La España que no aparecerá en la foto con León XIV
En mi columna anterior, Normandía, Gaudí y León XIV: de la Operación Overlord a la Sagrada Familia, proponía una imagen de España que León XIV conoce bien: la España de la evangelización, de las grandes catedrales, de la misión universal. Una España de san Ignacio de Loyola, santa Teresa de Ávila, san Josemaría Escrivá, san José de Calasanz, san Francisco Javier y del arquitecto ahora ya Venerable, Antoni Gaudí. Una España que, pese a su secularización acelerada, sigue ofreciendo al mundo algunos de los símbolos más poderosos de la civilización cristiana. Pero esa no es toda la España que encontrará el nuevo Pontífice.
Existe otra España. Una España que no aparecerá en las fotografías oficiales, ni tampoco en los encuentros institucionales, ni tan siquiera en los discursos cuidadosamente preparados. Una España donde preguntas sobre transparencia, rendición de cuentas, abusos de poder y justicia interna continúan sin responder. Una España católica sobre la cual, desde hace años, se cierne una profunda crisis de credibilidad en la jerarquía de la Iglesia.
La cuestión que León XIV enfrentará durante su visita a España la primera semana de junio de 2026 no es principalmente moral sino institucional. Los casos que examino en esta columna afectan a cuestiones tan diversas como la gestión de denuncias contra obispos por mal desempeño de sus obligaciones; la muy deficiente selección de candidatos al sacerdocio; la promoción episcopal como medio de protección a obispos sobre los que pesan acusaciones graves ante la justicia civil; los procedimientos canónicos abiertos contra sacerdotes encausados por tráfico de drogas o la rendición de cuentas dentro de la propia Iglesia. Los nombres, las diócesis y las circunstancias cambian. En todos ellos aparece la misma cuestión: quién responde cuando los mecanismos del necesario control dejan de funcionar.
Durante los últimos años he documentado numerosos casos en los que la percepción pública no ha sido la de una Iglesia que investiga y corrige, sino la de una institución que protege, traslada, promociona o simplemente espera a que pase la tormenta. Un ejemplo reciente es el caso del actual obispo de la Diócesis de Huesca y Jaca, Pedro Aguado. Las graves acusaciones formuladas contra él por la víctima de abusos sexuales clericales Javier Alcántara en México y formalizadas en 2025 por la Fiscalía de Ciudad de México no se refieren únicamente a abusos sufridos por Javier durante su infancia. Su agresor ha muerto ya. Se refieren ahora a presuntas actuaciones posteriores de encubrimiento, negligencia o falta de actuación adecuada por parte de responsables institucionales de las Escuelas Pías, y de su superior general, en ese momento, Aguado, como te relataba en una columna reciente.
Algo similar ocurrió con el caso del ex sacerdote Amadeo Elcoso. La Audiencia Provincial de Huesca absolvió en octubre de 2022 a Elcoso de delitos de violación continuada de un monaguillo 12 años antes. Se le aplicó el principio de presunción de inocencia tras la eficaz estrategia procesal desarrollada por uno de los penalistas más reconocidos de España, Carlos Monguilod, que centra su actividad en defender a curas en situación crítica tras acusaciones muy graves de abusos sexuales. Carlos Monguilod se basa en defectos de custodia de pruebas tras lustros de haberse cometido las agresiones. Monguilod es también el abogado que ahora asesora a Pedro Aguado sobre su imputación por encubrimiento institucional con favorecimiento, ante las requisitorias de la Fiscalía de Ciudad de México.
Sin embargo, el propio contexto del caso de Amadeo Elcoso dejó abiertas numerosas preguntas sobre la existencia de otros comportamientos que ya habían motivado anteriormente actuaciones canónicas de enorme gravedad contra su persona por su acoso sexual a niños durante tres décadas. Amadeo Elcoso era sacerdote diocesano asociado a la Prelatura del Opus Dei, dependiendo su actividad de su obispo diocesano. Ese acoso sexual sobre menores varones quedó impune, pese a denuncias de feligreses, gracias al silencio por parte los últimos cuatro obispos diocesanos de la Diócesis de Barbastro–Monzón en Huesca y de los directores de la Prelatura del Opus Dei de esa demarcación, lo que ha alimentado una percepción pública de enorme confusión. De ello traté también en una columna en este espacio.
León XIV también encontrará abierto el conflicto dentro de la misma Diócesis de Barbastro con el Santuario de Torreciudad, que alcanza su punto álgido en 2024 y todavía sigue sin resolverse. Lo que comenzó como una cuestión aparentemente administrativa ha evolucionado hasta convertirse en uno de los mayores conflictos eclesiales contemporáneos en España, involucrando organismos vaticanos y miles de fieles. El fautor de este desencuentro es el actual obispo de la Diócesis de Barbastro-monzón, uno de los que ocultó las denuncias contra el agresor sexual Amadeo Elcoso.
El actual conflicto con Torreciudad simboliza algo más profundo: la creciente dificultad para gestionar desacuerdos internos sin generar la percepción de luchas de poder. Para muchos observadores, la cuestión ya no es quién tiene razón jurídicamente, si el Opus Dei o el controvertido obispo de Barbastro, sino por qué la Iglesia parece incapaz de resolver estos conflictos sin provocar escándalo público.
Otro episodio relevante ha sido el ascenso administrativo del reverendo Vicente Jesús López-Brea a la función pública en febrero de 2024 mientras abandonaba el sacerdocio que ejerció durante escasos tres años. Más allá de la controversia sobre su doble vida o de las acusaciones formuladas por distintas partes, el debate público se centró en una cuestión muy concreta: cómo una persona envuelta en semejante nivel de escándalos sexuales puede haberse ido de rositas.
A este se añade el escándalo político elevado incluso a las Cortes de Aragón por el supuesto tráfico de influencias que colocó a López-Rueda en el puesto de director provincial de salud pública. La situación mantiene en jaque al anterior obispo de la Diócesis de Huesca y Jaca, monseñor Julián Ruiz Martorell, quien le ordenó a sabiendas de su vida desarreglada. Ruiz-Martorell fue trasladado de diócesis para evitar que compareciera ante la justicia como testigo, como expliqué en otra columna.
Otro episodio reciente que ilustra esta crisis de confianza en la Iglesia-institución es la ordenación diaconal de Isaí Zarza en 2025 por parte de monseñor José Antonio Satué, obispo de la Diócesis de Málaga en este momento. Durante los meses previos a dicha ordenación fueron remitidos a la Santa Sede diversos escritos cuestionando la idoneidad del candidato por diversos escándalos sexuales que protagonizó. Se denuncia que determinadas advertencias formuladas durante su proceso formativo no habrían sido suficientemente valoradas.
La importancia del caso excede ampliamente a la persona concreta de Isaí Zarza. La cuestión de fondo es si los seminarios españoles, los obispos responsables de las ordenaciones y los mecanismos internos de evaluación están aplicando criterios homogéneos, rigurosos y transparentes para discernir la vocación y la idoneidad de los futuros sacerdotes. Es una pregunta incómoda, pero inevitable para una Iglesia que aspira a recuperar la confianza de muchos de sus fieles con el viaje de León XIV en los próximos días.
Uno de los episodios más llamativos de la última década fue la defenestración del arzobispo de Zaragoza monseñor Manuel Ureña en 2014. Lo verdaderamente significativo no fue únicamente su salida. Lo significativo fue que años después varios de los protagonistas de aquella operación acabarían siendo objeto de graves sanciones canónicas impulsadas por la Santa Sede a través del entonces nuncio apostólico en España Bernardito Cleopás Auza, poco después de entregarle personalmente en mano amplia documentación sobre la trama, elaborada por mi equipo de investigación Jacques Pintor.
Para muchos observadores quedó una pregunta sin responder. Si algunos de los ejecutores terminaron siendo sancionados, ¿qué ocurrió con quienes impulsaron, alentaron o permitieron aquel clima desde posiciones de mayor responsabilidad, concretamente los directores de la trama, cardenal Omella y jesuita Arana?
Finalmente, León XIV encontrará todavía vivo el debate generado por el caso Gaztelueta contra un ex profesor de ese centro educativo, miembro del Opus Dei, y por la actuación del tribunal presidido por el obispo José Antonio Satué. Satué tiene pendiente un procedimiento ante la justicia civil por su gestión del caso Gaztelueta y las supuestas violaciones de principios básicos del derecho y de las libertades fundamentales de las personas (De ello hablé aquí).
León XIV encontrará, sí, una Iglesia española rica en historia, patrimonio y fe. Encontrará santuarios llenos, catedrales admiradas en todo el mundo y una religiosidad popular que ha sobrevivido a décadas de secularización. Pero también encontrará expedientes abiertos, heridas mal cerradas y preguntas que siguen esperando respuesta.
La cuestión decisiva no será qué piensa el nuevo Papa sobre estos asuntos. La cuestión será qué está dispuesto a hacer con ellos. La verdadera prueba de un pontificado no comienza cuando se pronuncia un discurso. Comienza cuando llega el momento de decidir quién debe rendir cuentas.
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