Pedro Aguado Cuesta, Sch.P., served until recently as Superior General of the Piarist Order. He was subsequently consecrated as a bishop and sent to a diocese in Spain already marked by repeated cases and unresolved concerns regarding sexual misconduct within the clergy.
Una advertencia que llegó a lo más alto
El primer correo electrónico (puedes leerlo siguiendo este enlace, aquí) —ya establecido como documento fundacional— no fue dirigido por la madre de la víctima a un periodista, a un juez ni a una ONG. Fue enviado directamente a la máxima autoridad de la Orden de los Padres Escolapios, Pedro Aguado, quien en ese momento ostentaba la plena responsabilidad de gobierno como Superior General. El mensaje contenía todos los elementos de una denuncia creíble: la identificación del presunto autor, un relato detallado de abusos sexuales y violaciones reiteradas a un menor, las graves consecuencias psicológicas para la víctima y una solicitud explícita de orientación, justicia y documentación formal.
No se trataba de una queja abstracta ni de una reflexión teológica. Era la voz de una madre que, tras años de confusión y autorreproche, comenzaba a comprender el origen de la devastación de su hijo. En términos institucionales y jurídicos, constituía una advertencia clara que exigía una respuesta.
La respuesta tras la muerte del presunto agresor: consuelo sin documentación
La respuesta de Pedro Aguado —enviada después de la muerte de José Miguel Flores— adopta un tono pastoral y consolador. Expresa comprensión por el dolor de la madre e insiste en que ella y su marido “hicieron lo que tenían que hacer”. Sin embargo, el énfasis narrativo se desplaza de inmediato hacia la supuesta recuperación del hijo: su resiliencia, su capacidad para rehacer su vida y su futuro como “buen esposo y padre”.
Lo que falta es tan relevante como lo que se dice. No se ofrece ninguna explicación procedimental. No se detallan medidas concretas. Cuando Aguado aborda la confusión pública generada en redes sociales, afirma —sin adjuntar ni citar documento alguno— que el padre José Miguel Flores había sido expulsado y secularizado, que ello se publicó internamente y que la parroquia de bautismo fue informada “como manda la Iglesia”.
La madre había solicitado de forma explícita pruebas formales por escrito. No se produjo ninguna. La circulación interna se presenta como suficiente, mientras se evita deliberadamente la verificabilidad externa.
“Nueva Etapa”: gestión en lugar de responsabilidad
En un correo separado dirigido a Javier Alcántara, Aguado escribe no como un superior distante, sino como un coordinador directo. Expone un “Plan Nueva Etapa” que incluye empleo, alojamiento, acompañamiento, finalización de estudios, organización de viajes y una comunicación controlada a un círculo reducido de superiores. Aguado tranquiliza a la víctima asegurándole que seguirá presente, incluso a distancia.
Sin embargo, el abuso en sí no se nombra en ningún momento. El delito que destrozó la vida del joven está ausente del texto. Lo que aparece es un marco de rehabilitación y discreción. El enfoque es gerencial y paternalista: estabilizar, contener, seguir adelante —sin afrontar el daño que hizo necesario ese plan.
Esta correspondencia confirma que el Superior General (Pedro Aguado) tenía pleno conocimiento de los hechos y ejerció una implicación estrecha, evitando de forma deliberada cualquier reconocimiento formal de responsabilidad institucional.
El viaje a Roma: acceso sin rastro documental
Un correo posterior organiza un viaje privado a Roma para los padres. Vuelos, hotel, traslados y recepción personal por parte de Pedro Aguado, máxima autoridad de la Orden, son organizados con minuciosidad. Los recursos institucionales se movilizan con rapidez y se concede acceso directo al Superior General.
El contraste es evidente. Pese a esta cercanía, diligencia y compromiso personal, la huella documental se detiene ahí. No se aporta posteriormente ningún decreto, ninguna resolución canónica ni decisión escrita —a pesar de la gravedad de las acusaciones y de las reiteradas peticiones de la madre—. La Orden actuó con eficacia en reuniones y logística; guardó silencio cuando se trataba de documentos y rendición de cuentas.
Contención frente a la verdad: cómo la autoridad se protegió a sí misma y a la institución
Leídos en conjunto, los correos revelan una maniobra constante por parte de figuras masculinas de autoridad dentro de la institución: reconocer el dolor mientras se elude la responsabilidad, ofrecer acompañamiento evitando la adjudicación de culpas y anteponer la protección de la reputación institucional a la transparencia. El lenguaje del cuidado se utiliza para neutralizar la exigencia de justicia. El relato de la sanación personal se eleva para eclipsar la cuestión del daño causado.
Al enfatizar la recuperación, la discreción y la gestión interna, la correspondencia construye una forma de cierre que beneficia a la institución. La ausencia de decretos escritos, la apelación a publicaciones internas y las reiteradas afirmaciones sin pruebas persiguen el mismo fin: contener el escándalo e impedir que cristalice en una responsabilidad formal.
No se trata únicamente de una negligencia por omisión. Es una decisión activa: gestionar las consecuencias en lugar de afrontar las causas.
Omisiones y responsabilidades: lo que muestra el expediente
Desde una perspectiva institucional y jurídica, la correspondencia establece una serie de omisiones que no pueden considerarse accidentales. El Superior General (Pedro Aguado) fue informado por escrito de acusaciones creíbles de abusos sexuales contra un menor. Se implicó personalmente con la madre y con la víctima. Coordinó respuestas, encuentros, viajes y reorganización de la vida del afectado.
Lo que no proporcionó —pese a las solicitudes explícitas— fueron documentos formales que acreditaran medidas disciplinarias, una explicación transparente de los procedimientos seguidos o pruebas verificables de las supuestas medidas canónicas adoptadas. Las afirmaciones sustituyeron a las pruebas. La teología sustituyó al gobierno. El lenguaje pastoral desplazó al deber institucional.
Cuando se recibe una advertencia de este calibre, el silencio no es neutral. Se convierte en un hecho relevante. La ausencia de documentación, la falta de claridad procedimental y la preferencia deliberada por la gestión interna frente a la rendición de cuentas externa definen la responsabilidad de quienes ostentaban el poder y decidieron cómo ejercerlo.
Se invita a las lectoras y lectores a compartir sus comentarios, análisis o aportaciones a continuación, con respeto a los hechos y a las personas, para contribuir a un debate público necesario.
#PedroAguado #JavierAlcántara #AbusosSexuales #ResponsabilidadInstitucional #TransparenciaEclesial
#PeriodismoDeInvestigación
© Jacques Pintor, 2026. Todos los derechos reservados. Este contenido forma parte de una investigación periodística independiente. Para comunicaciones, aclaraciones, entrevistas o el ejercicio del derecho de réplica:
jacquespintor@gmail.com Síguenos en X / Twitter: @jacquesplease
