El papa Francisco nombró obispo de la diócesi de Huesca-Jaca en España al P. Pedro Aguado Cuesta, Sch.P en marzo de 2025, en ese momento superior general de la Orden de las Escuelas Pías (Escolapios), cargo que cesó en junio de 2025.
En septiembre de 2019, una madre escribió. No a un periodista. No a un juez. No a una ONG. Se dirigió directamente al Superior General de la Orden de las Escuelas Pías, Pedro Aguado Cuesta, con residencia en Roma. El contenido de ese correo —al que hemos tenido acceso— constituye una denuncia explícita de abusos sexuales a un menor, con identificación del presunto agresor, descripción de los hechos sucedidos en México, consecuencias psicológicas graves y una solicitud directa de orientación y justicia.
No era un escrito técnico ni jurídico. Era algo más incómodo: la voz directa de una madre que, tras años de desconcierto, comenzaba a comprender el origen de la devastación emocional de su hijo.
La autora del correo se identifica con nombre y apellidos. Expone su situación personal —recién divorciada, con dos hijos— y sitúa el inicio de los hechos aproximadamente catorce años atrás. Según su relato, un sacerdote escolapio llamado José Miguel Flores le propuso hacerse cargo de la educación de su hijo mayor, Javier Alcántara. Se ofreció a asumir su formación y los gastos asociados, presentándose como figura de apoyo y tutela en un momento de especial vulnerabilidad familiar.
El menor fue escolarizado bajo la supervisión directa de ese sacerdote. Durante años, la relación se mantuvo sin señales visibles de alarma. Hasta que el religioso fue trasladado de manera abrupta, primero a España y posteriormente a Ecuador. La madre reconoce que entonces no comprendió ni la premura ni los motivos de esos cambios. Lo que sí percibió fue el impacto inmediato en su hijo: desorientación, alteraciones conductuales y un progresivo deterioro emocional acompañado después de consumo de drogas.
Lejos de permanecer pasiva, la madre recurrió a sus propios conocimientos y experiencia. Con formación en psicología y habiendo trabajado como asesora en programas especializados, decidió confiar a su hijo a una clínica avanzada, con resultados probados en el tratamiento de jóvenes en situaciones complejas, cuyos responsables se hicieron cargo del menor dentro de un proceso terapéutico cuya duración estimada se fijaba en torno a un año.
Sin embargo, nada de ello logró resolver el núcleo del problema.
Fue en el contexto terapéutico cuando Javier comenzó a verbalizar lo que durante años había permanecido silenciado: el sacerdote que había ejercido sobre él una tutela de facto lo había sometido de forma reiterada a abusos sexuales y violaciones, acompañados de actos de coerción, sometimiento psicológico y un patrón clásico de silenciamiento mediante regalos y beneficios materiales a cambio de su silencio.
La madre no se eximió de responsabilidad en su comunicación a Aguado. Reconoció su culpa por no haber detectado antes lo que ocurría. Esa autocrítica explícita —poco frecuente en relatos interesados— refuerza la solidez de su testimonio. Plantea una pregunta directa: qué hacer. Confiesa haber perdido la confianza en la Iglesia como institución, aunque distingue con claridad entre la fe y los hombres que la administran.
La denuncia a las autoridades civiles ya fue cursada. Sigue su proceso. La madre mantiene su exigencia de un resarcimiento integral para su hijo por los graves daños morales, psicológicos y físicos sufridos, quedando la determinación de la cuantía en manos de los tribunales mexicanos. Asimismo quiere que le proporcionen la sentencia de secularización y de expulsión de José Miguel Flores de la orden de los Padres Escolapios, no solamente de palabra como le reconoció Aguado, y que sea entregada esta documentación al obispo del lugar y a la iglesia de bautismo del ex padre escolapio José Miguel.
Este extremo adquiere hoy una relevancia adicional. José Miguel Flores ha sido dado por fallecido, pero persisten graves irregularidades no aclaradas: la ausencia de un decreto escrito de secularización y expulsión —expresamente solicitado por la madre y nunca entregado— contrasta con lo que el padre Pedro Aguado, entonces Superior General, le habría asegurado verbalmente: que Flores había sido expulsado de los Escolapios y reducido al estado laical. A ello se suman determinadas anomalías en torno a su sepelio: con el féretro cerrado, el fallecido fue presentado públicamente como un sacerdote ejemplar y un religioso intachable, en términos que parecen incompatibles con la gravedad de las acusaciones y con la supuesta sanción canónica ya reconocida. En ese contexto, no puede descartarse la hipótesis de una eventual huida o desaparición destinada a eludir responsabilidades penales y a evitar un mayor descrédito institucional para la Orden. La disonancia entre los hechos denunciados, la falta de documentación formal y estas señales contradictorias plantea interrogantes serios sobre la gestión interna, la trazabilidad de los procedimientos y la rendición de cuentas dentro de la congregación.
El correo contiene una afirmación que debería haber activado de inmediato los mecanismos de protección institucional: “Sé que existe una justicia divina, pero también sé que en este mundo debe haber justicia del hombre”. La autora admite no disponer de pruebas físicas. Ofrece algo más difícil de ignorar: un testimonio coherente, sostenido y alineado con patrones ampliamente documentados de abusos clericales a menores.
Este correo electrónico que aquí analizamos —y que compartiremos en formato fotográfico en una entrada posterior— adquiere una relevancia aún mayor cuando se sitúa en un contexto más amplio que el lector puede ir descubriendo a través de los artículos relacionados con las etiquetas caso del obispo Pedro Aguado y Javier Alcántara. El caso de los abusos cometidos contra Javier Alcántara no habría sido un hecho aislado para este sacerdote. Según las investigaciones posteriores, venía abusando y violando a otros menores, circunstancia que acabó levantando la alarma de un compañero religioso, el padre Baltazar, quien, por no guardar silencio sobre los abusos, fue posteriormente apartado de la orden.
En 2019, cuando este correo fue enviado, ni la Iglesia ni Pedro Aguado podían ya alegar ignorancia ni ausencia de normas. Las disposiciones canónicas vigentes obligaban a abrir una investigación preliminar ante cualquier denuncia verosímil de abusos a menores, a adoptar medidas cautelares y a orientar a las víctimas hacia la justicia civil. Un escrito como el de la madre de Javier—directo, fechado, firmado y dirigido al máximo responsable de la congregación— constituye, en términos jurídicos, una notitia criminis. El silencio o la inacción no son neutrales: son hechos relevantes en sí mismos.
Desde el punto de vista periodístico, el documento es una fuente primaria y una pieza fundacional del caso. Acredita que la máxima autoridad de la Orden fue informada con nombres, hechos y la expresa disposición de la víctima a denunciar. Todo lo que ocurra después —investigaciones, traslados, apartamientos o silencios— debe interpretarse a la luz de ese primer aviso.
Este no es un correo ideológico ni un ataque a la Iglesia. Es un relato imperfecto, escrito con dolor y humanidad. Precisamente por ello resulta difícil de descalificar. Porque no busca destruir una institución, sino proteger a un hijo. Y porque recuerda una verdad incómoda: los grandes escándalos no empiezan con titulares, sino con cartas que alguien decide no responder.
Puedes leer el correo electrónico original de la madre siguiendo el enlace, aquí.
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