Javier Alcántara, sobreviviente de abusos sexuales en México. En la imagen también, el entonces Superior General de los Escolapios, Pedro Aguado, ahora obispo en España.
La voz de Javier Alcántara irrumpe con fuerza en un territorio donde el encubrimiento dejó de ser una anomalía para convertirse en sistema. Su testimonio desmonta el relato oficial y expone cómo, durante años, se ha sostenido una estructura de impunidad clerical —una estructura que protege a las mismas personas una y otra vez.
La llegada del hasta ese momento Padre General de los Escolapios Pedro Aguado como obispo de Huesca-Jaca (España), no es un misterio: es una señal. Desde la ciudad de Zaragoza hasta los valles pirenaicos de Aragón, la impunidad clerical se ha convertido en una estructura de poder. La voz del mexicano Javier Alcántara abre una nueva grieta real en ese muro.
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Jacques Pintor
El ascenso de Pedro Aguado en Huesca-Jaca y la red de sexo y encubrimientos en Aragón
La llegada del Padre escolapio Pedro Aguado a la diócesis de Huesca-Jaca convertido en obispo no es un movimiento inocente ni casual. Resulta especialmente llamativa si se observa el mapa eclesial de Aragón, donde las diócesis de Zaragoza, Teruel-Albarracín y Huesca-Jaca permanecen —como muestra nuestra investigación— bajo la influencia del cardenal Juan José Omella. Solo Tarazona, pese a pertenecer a la provincia eclesiástica de Zaragoza, se escapa de ese esquema; su obispo es una figura extremadamente discreta, prácticamente ausente del debate público, ajena a la exposición mediática que acompaña a sus vecinos.
En Aragón se acumulan casos que dibujan un patrón de impunidad clerical sostenida por una estructura de silencios. En Zaragoza, sacerdotes implicados en sexting continúan en el ministerio; uno de ellos, denunciado por enviar imágenes indecentes a un laico, llegó a juicio y evitó consecuencias mediante un acuerdo de perdón ratificado en sede judicial. Sigue escuchando confesiones en la Basílica-Catedral de Nuestra Señora del Pilar (El Pilar). Está también el caso del reverendo Ignacio Ruiz, responsable de Patrimonio en la catedral de La Seo (sí, Zaragoza presume de dos catedrales católicas), denunciado internamente por otros canónigos por conductas impropias hacia jóvenes. Lejos de abrirse un proceso, fue promovido a canónigo. La denuncia presentada ante la Oficina para la Prevención de Abusos de Aragón —centralizada bajo el actual rector del seminario, Javier Pérez Mas— tampoco produjo resultados.
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En este contexto surge la pregunta inevitable: ¿qué sostiene esta red? ¿Quién tiene a quién “cogido” o condicionado? Casos como el del sacerdote Gonzalo Ruipérez, con dos hijos de dos mujeres distintas, cuyos hijos fueron admitidos en el seminario de Madrid y ordenados bajo identidades diferentes, abren interrogantes sobre relaciones, presiones o pactos tácitos que operan no solo en la diócesis de Zaragoza o en las diócesis aragonesas vecinas, sino en España en su conjunto.
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La figura de la persona responsable de la Defensa del Vínculo en la diócesis de Zaragoza y su relación histórica con el sacerdote Gonzalo Ruipérez (padre de dos hijos de dos mujeres distintas y amante durante nueve años de una trabajadora parroquial, mientras impartía charlas religiosas en un centro de sacerdotes del Opus Dei) alimenta hipótesis sobre por qué determinados comportamientos, estructuras y figuras permanecen intocables. Esta omertà podría explicarse como un equilibrio de compromisos mutuos —por ejemplo, la protección de un sacerdote vinculado a drogas en un piso diocesano y a sexo en clubes swing homosexuales: el reverendo Enrique Ester—. También explicaría la supervivencia de grupos de presión en el clero zaragozano que condujeron al archivo del informe sobre la llamada “Trama Maña” (trama clerical de poder en Aragón), que pasó por manos del hoy canónigo y ex vicerrector del seminario, sacerdote diocesano, miembro del Opus Dei e identificado como cabeza del lobby gay en Zaragoza: el reverendo José Antonio Calvo.
Volver a este culebrón eclesial sirve para cerrar el círculo cuando se mira hacia la diócesis de Huesca-Jaca. Allí, el obispo anterior a Pedro Aguado Cuesta, Julián Ruiz Martorell, ordenó a un joven cuya vida sexual previa —documentada por el segundo seminario al que asistió, el seminario militar de Madrid— incluía prácticas en locales de intercambio homosexual y consumo de alcohol antes de la mayoría de edad. Tres años después, Ruiz-Martorell lo promovió a un cargo público mientras Vicente Jesús López-Brea Urbán se iba apartando del sacerdocio y mantenía su paga como clérigo. La pregunta vuelve a surgir: ¿cuántos episodios similares permanecen en silencio en los archivos de estas diócesis?
Sobre este telón de fondo —una estructura episcopal con fallos sistémicos, silencios deliberados y un historial documentado de encubrimientos— aparece ahora la figura del padre Pedro Aguado. Su llegada a Huesca-Jaca merece ser leída a la luz de todo lo anterior. Y es dentro de este marco donde adquiere especial relevancia esta entrevista exclusiva, realizada por nuestro colega Jordi Picazo por conferencia telefónica con el mexicano Javier Alcántara. Alcántara es una de las víctimas cuyo caso abre grietas profundas en el relato oficial.
Habla Javier Alcántara
JAVIER ALCÁNTARA (JA) — En el caso de Pedro Aguado, amigos en El País ayudaron a publicar un nuevo artículo que demuestra que [Aguado] encubrió durante nueve años a un sacerdote —mi agresor—. Yo no conocía ese detalle hasta hace poco, cuando todo ya estaba denunciado y cuando Pedro Aguado [ahora nombrado obispo en España] decidió guardar silencio. Eso abre un panorama enorme para la investigación mediática, aunque no tanto para la justicia penal o civil, porque —como me dijo mi propio abogado— judicialmente el caso está casi agotado.
Ahora mismo, mi principal herramienta es la exposición pública. Ya tengo un expediente de investigación en la fiscalía de Ciudad de México. He dado mi testimonio en medios: salí al aire con Azucena Uresti, ahora en El País y en Los Ángeles Press. Desde España también me contactó RTVE. El caso reciente del testimonio del padre Baltazar es clave. Tengo audios donde él dice que su obispo ya le ordenó callarse. Solo subí un fragmento por lo delicado del asunto, pero es claro: lo silenciaron, recibió una llamada “de arriba” y le advirtieron que incluso podía perder su incardinación en la diócesis. Yo, en cambio, no voy a retroceder. No me voy a apartar. Quiero llegar hasta el fondo, no solo por mí: hay más víctimas.
Mi agresor fue el padre Miguel Flores. Quiero entender cómo se conectan su caso, José Antonio Satué [obispo en Aragón, España y promotor de homosexuales dentro del clero] y Pedro Aguado (ahora obispo en Aragón, como Satué hasta hace poco y como Julián Ruiz Martorell) dentro de la misma red. Se trata de armar el rompecabezas: Pedro Aguado fue consultor de un dicasterio en Roma, se movía en política eclesiástica, tenía poder y sabía lo que ocurría. Publiqué un tuit preguntando cómo era posible que Pedro Aguado fuera juez y parte en todo esto. Y cuando se anunció su nombramiento como obispo (29 de marzo de 2025), [el papa] Francisco prácticamente ya estaba muriendo; falleció 23 días después, el 21 de abril. Para entonces, Francisco ya no estaba realmente consciente; o firmaba nombramientos casi de rutina. Una vez son obispos, en la práctica se vuelven intocables.
JORDI PICAZO (JP) — Habría que revisar a fondo la relación entre José Antonio Satué —ocho años en el Dicasterio para el Clero— y Pedro Aguado, ambos ya denunciados ante autoridades civiles. Ser obispos parece darles un aura de inmunidad, pero no es así. Esto es una cultura de impunidad criminal.
JA — Y no es solo mi caso. Pedro Aguado dirigió la Orden [de los Escolapios] durante 15 años. Hay otros casos documentados. En Colombia, por ejemplo, otro periodista ha identificado al menos tres casos validados de sacerdotes escolapios españoles que hicieron un gran daño allí. Hubo más, pero estos tres están documentados. Y los silenciaron: cuando estaban por dar testimonio, desaparecieron.
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JP — ¿El padre José Miguel murió en España o no?
JA — No, murió en México. Y ahí hay otra incoherencia. Miguel pasó un año en España, sobre 2012–2013. Luego lo enviaron de vuelta a México y le dieron obediencia para ir a Ecuador, a Santo Domingo de los Tsáchilas o de los Colorados —es la misma zona—. Desde entonces tuve casi nulo contacto con él hasta que caí en las drogas. En 2017 fui internado, empecé mi recuperación y decidí denunciarlo. Lo hice tarde, sí; yo mismo creo que debí denunciar antes, pero ahí entra la manipulación de la Iglesia.
Pedro Aguado me dijo: “No te preocupes, si la sentencia sale a tu favor, yo mismo lo denunciaré civilmente; eso es lo propio.” En ese momento yo no conocía el contenido del motu proprio “Vos estis lux mundi” ni el alcance de esa norma. Confié en su palabra. En 2020 se emite la sentencia vaticana contra el padre Miguel: es reducido al estado laical y expulsado de la Orden. Pedro sostiene que desde 2018, cuando conoció los hechos, lo sacó de Ecuador y lo envió a un monasterio en Peralta de la Sal, en España. Ahí empiezan las contradicciones: él nunca estuvo en Peralta de la Sal, sino todo el tiempo en Ciudad de México. Lo sacaron de Ecuador, sí, pero lo llevaron a México y lo mantuvieron cerca de niños y jóvenes.
JP — ¿Cómo sabes que nunca estuvo en España?
JA — Porque tengo fotos y porque Pedro [Aguado] se delató. Cuando me dan mi plan de vida, Pedro me pregunta: “¿Estarías dispuesto a confrontar al padre Miguel ahora mismo y repetirle en la cara lo que me dijiste?” Yo respondí que sí. Entonces se le escapa y me dice: “Es que está en la casa provincial, aquí en México.” Yo le respondo: “¿No estaba en Peralta de la Sal, en vida contemplativa?” Intenta corregirse diciendo que lo tiene “aislado”, en “vida contemplativa”.
Además, un amigo escolapio español, que me conoce desde niño, me dice cuando yo estoy en Veracruz —adonde me enviaron a estudiar y trabajar—: “Vi a tu padrino.” Él no sabía nada del abuso. Me dice: “Está en Tlaxcala.” Ahí empiezo a investigar: descubro que Miguel tiene cuenta de Facebook, fotos con niños y jóvenes, celebrando misa, en una iglesia, en el Colegio Morelos de los Escolapios. Vuelvo a preguntarle a Pedro: “¿No estaba en Peralta, aislado?” Tengo todos esos correos.
Todo esto conecta con la relevancia de las diócesis de Huesca y Jaca. El obispo anterior a Pedro —no Vicente, el anterior, un hombre delgado con gafas [Ruiz Martorell]— también tiene acusaciones relacionadas con ordenar candidatos no aptos. Es un patrón: se encubren entre ellos, obispos y sacerdotes.
JP — Incluso el cardenal prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (Víctor Fernández) ha estado implicado en encubrimientos en otros casos.
JA — Siento que la exposición pública pesa más, para mí, que la vía judicial. El propio Ministerio Público me dijo: “Llegó la orden de arriba, se liberó dinero y su expediente se archivó.” Salí en televisión y aun así se archivó. Lucho para que el caso lo retome la Fiscalía General. Es una batalla cuesta arriba: incluso con Derechos Humanos estoy peleando; no quieren actuar, pese a informes que documentan cómo mi vida fue destruida, mis enfermedades psicológicas, el daño profundo.
Ni siquiera han querido mostrarme la sentencia completa del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Mi agresor siguió celebrando misas con jóvenes. Dicen que fue solo una misa: eso no es verdad. Tengo fotos de varias fechas, en instituciones escolapias, al frente, como si nada hubiera pasado. En México existe el delito de encubrimiento, pero no hay quien lo aplique. Estoy luchando con el testimonio del padre Baltazar para probar el encubrimiento de Pedro Aguado. Mi madre fue quien primero habló con Pedro, porque yo estaba internado en un centro de rehabilitación en 2018. Ahí presentamos la denuncia canónica. Pedro llamó a mi madrea Roma, habló con ella, y le aseguró que haría todo “correctamente” conforme a sus cánones —ahora entiendo que se refería al motu proprio Vos estis lux mundi— y que, si Miguel era hallado culpable, él mismo lo entregaría a las autoridades civiles.
Supuestamente enviaron al padre Miguel [Flores] a España tras salir de Ecuador en 2018. En teoría, tenía medidas cautelares desde 2018 hasta 2020, cuando “murió”. Pero lo que sabemos es que nunca estuvo en Peralta de la Sal, salvo que me enseñen el pasaporte con el sello de entrada a España y el sello de salida en 2020.
En los últimos meses, un periodista colombiano, Miguel Estupiñán, me contactó. Me dijo que tiene una investigación sobre escolapios españoles que abusaron de menores en España y Colombia, de los años 60 a los 2000. Hay tres sacerdotes españoles, con decenas de víctimas. ¿Qué relevancia tiene Pedro Aguado ahí? Que esos casos se denuncian a los escolapios en Cataluña, España, y los escolapios no hacen nada. El provincial en Barcelona, llamado Jordi, recibe una denuncia de un joven en 2015. Cuando la justicia está por tomar formalmente su declaración, el caso desaparece.
JP — Muy parecido a lo que ocurrió en Zaragoza, donde un sacerdote que envió mensajes indecentes pidió perdón justo antes del juicio y sigue confesando en la catedral.
JA — La noticia llega a Pedro Aguado, entonces general de los escolapios. Atiende al denunciante por teléfono, promete atención, y luego desaparece: no vuelve a responder.
JP — Es decir: este joven primero acude al provincial y no recibe respuesta. Luego acude a Pedro Aguado como superior general; Pedro lo escucha por teléfono, le dice que todo estará bien, y luego corta toda comunicación, ¿Sí?
JA — Exacto. Por eso en México y Colombia queremos mostrar que la forma de actuar de Pedro Aguado es siempre la misma. No es un caso aislado en México. También hay un misionero escolapio español en Senegal, acusado de abusar de muchos niños y jóvenes desde los años 90 hasta 2005. Ese caso también se mantuvo encubierto. Pedro apagaba incendios, pero al final todo desaparecía bajo su encubrimiento.
Él nunca denunció ante la justicia civil a ninguno de estos sacerdotes, pese a la obligación establecida por las normas de la Iglesia. Todo se quedó dentro, incluso traicionando el motu proprio de Francisco Vos estis lux mundi, que es muy claro: si la sentencia vaticana declara a un sacerdote culpable, existe una obligación moral y civil de denunciarlo ante la policía en el lugar donde ocurrieron los hechos.
Yo le comuniqué todo esto a Pedro. Él “separa” al padre Miguel, me muestra la sentencia el 8 de octubre de 2020, y yo me tranquilizo porque me dice: “El padre Miguel ya está fuera, ya no está cerca de nadie. Yo me aseguraré de que no esté cerca de gente, de que no celebre misas, de que no tenga contacto con jóvenes. Está en México, en casa de su madre; intentaré que lleve vida civil, pero siempre apartado.”
Luego me dicen que supuestamente muere. Entro en Facebook y veo que el padre provincial, Fernando Hernández —que sigue siendo provincial hoy— asiste a la misa funeral. No puedo afirmar si está vivo o muerto, pero hay una incoherencia grave que detallaré después. En la universidad escolapia de Veracruz publican una esquela que dice “Padre José Miguel Flores Martínez”. Pienso: podían haber puesto solo “Miguel Flores, ex escolapio” o “Sr. Miguel Flores”. Pero lo presentan como sacerdote escolapio. Ahí están reconociendo que siguió siendo sacerdote hasta el final. Casi lo canonizan: que “fue un excelente sacerdote”, etc.
Vuelvo a preguntarle a Pedro qué está pasando. Responde que fue “un error”, que ya habló con Fernando, que me ofrecerán disculpas. Siempre tratándome como si yo fuera tonto.
Con el tiempo veo que nada cambia: Fernando sigue de provincial, Miguel apareció en contextos de impunidad total. Decido cortar toda comunicación con Pedro, dejar de responder sus correos y presentar una denuncia penal.
Denuncio a Miguel Flores por violación agravada, y también denuncio a Pedro Aguado, a Fernando Hernández y a José Luis Sánchez, el ecónomo que pagó mis estudios en la universidad escolapia. Presento la denuncia en la Fiscalía de Ciudad de México. Aceptan el expediente, pero solo como violación agravada contra Miguel, no por encubrimiento institucional, que era lo que más me interesaba.
Me asignan un defensor público. Me dice que la Fiscalía no quiere aceptar el encubrimiento, que ya fue difícil abrir la investigación. Al final solo imputan la violación agravada contra Miguel, aunque yo entregué los nombres de Pedro, Fernando y el ecónomo. Hay gente dentro de la fiscalía alineada con la Iglesia. Mi abogado me advierte: “Si logran demostrar que Miguel está muerto, todo termina ahí.”
Dos o tres meses después vuelvo a preguntar: “¿Cómo va mi caso?” La respuesta es: “No hay nada. Seguimos esperando una copia del acta de defunción del padre Miguel.” Esa acta nunca llega. Si no llega, para mí significa que está vivo y que debería emitirse una orden de arresto.
Desde el principio busqué a la activista Ana Luz Salazar. Me dijo que me apoyaría. Empiezo a aparecer en medios: primero en Los Ángeles Press, de forma anónima; luego con Azucena Uresti, también anónimo, por teléfono. Cuando vemos que el expediente está detenido, decido dar la cara, con nombre completo, y también denunciar públicamente a la fiscalía por su inacción. Salgo en su programa y el caso empieza a cobrar fuerza. Luego aparezco en otros periódicos y, finalmente, contacto con la comisión de abusos de El País. Les envío todos los documentos y publican el reportaje.
Varias veces los abogados de los escolapios han intentado coaccionarme. Se presentan como arrepentidos, muy interesados en ayudarme. Se acercan a mi abogado y literalmente dicen: “¿Cuánto quiere el chico para que todo esto pare?” Yo respondo que, si hablamos de reparación integral, debe tener varios puntos: debe basarse en informes médicos y psicológicos, que peritos fijen el monto, y que además haya una disculpa pública. Tienen tiempo para conferencias, declaraciones y discursos, pero nunca tuvieron tiempo de enviarme una disculpa: ni Fernando, ni Pedro, ni nadie. Al contrario, insisten en que “hicieron todo bien”.
Le pido a mi abogado incluir una cláusula clara: no renunciaré a mis derechos civiles ni penales. Hace poco vuelvo a la fiscalía… y mi expediente había “desaparecido”. Confronto al fiscal: llevaba seis meses congelado. El delito de encubrimiento prescribe en un año. Ya habíamos consumido la mitad del plazo. Exijo hablar con la fiscal general. Su asesora me recibe. Pero mi abogado me recuerda que hay miembros del clero moviéndose dentro de la fiscalía para mantener el expediente congelado. Te dicen: “No hay avances”, y ya.
Tengo el arma humeante: el testimonio del padre Baltazar Sánchez. Con su declaración y con mi testimonio de 2018, el encubrimiento es evidente. Pedro Aguado no viene de cualquier lado: viene de Roma, fue responsable del Dicasterio de Educación y superior general de los escolapios. Siempre estuvo al oído del papa Francisco. El padre Baltazar tiene derecho a negarse a declarar, pero él mismo hizo público que había informado a Pedro de dos casos antes del mío. Permitió que su nombre apareciera en El País. El problema es que su obispo —también acusado de encubrimiento— lo llamó para ordenarle que se callara. Como Baltazar es escolapio e incardinado en una diócesis, su estabilidad depende de esa estructura. Primero quería hablar; ahora se retira porque le tiraron de las orejas.
Eso también es delito: seguir encubriendo. Aunque se retracte, ya no hay vuelta atrás: ya habló públicamente. Es información de dominio público. Y con eso seguiremos. No pienso detenerme.
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