Disgraced formerly Superior General of the Piarist Order Monsignor Pedro Aguado Cuesta now consecrated Bishop and sent to Spain following accusations of institutional cover-up of clerical sexual abuse in Mexico
El actual obispo de Huesca-Jaca, Pedro Aguado Cuesta, figura como imputado en una carpeta de investigación abierta en Ciudad de México por presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos durante su etapa como superior general de los escolapios.
Según documentación entregada a la víctima, Javier Alcántara, en sede fiscal el 19 de febrero de 2026, el 25 de noviembre de 2025 se giró citación formal para comparecer el 4 de diciembre de 2025 en calidad de imputado. La notificación fue practicada en la sede oficial de la Orden en Ciudad de México.
En el mismo expediente aparecen como imputados:
- Sergio Fernando Hernández Avilés, provincial de los escolapios en México.
- José Luis Sánchez Macías, ecónomo.
Ambos comparecieron anticipadamente el propio 25 de noviembre al hacérseles imposible por razones laborales acudir el día estipulado, y ejercieron su derecho constitucional a guardar silencio.
No consta, en la documentación consultada, excusa formal de incomparecencia por parte de Pedro Aguado. En conversación telefónica mantenida con nuestro equipo, Javier Alcántara afirmó:
“Han citado a Pedro Aguado en la casa provincial… Pedro Aguado no vino. El citatorio se giró al nombre de los tres… se recibió.”
Según su relato, la Fiscalía les comunicó que “ya son imputados” y que la carpeta se encuentra en integración activa.
Sergio Fernando Hernández Avilés, provincial de los escolapios en México
El provincial mexicano, hoy imputado en la misma carpeta, fue quien en 2022 realizó un panegírico público tras la muerte prematura de Miguel Flores Martínez, sacerdote señalado por los abusos denunciados. No se conocen detalles de los motivos de la defunción de José Miguel Flores.
En ese mensaje lo presentó al padre escolapio acusado de violar a menores como un escolapio ejemplar y sacerdote entregado, sin referencia pública a las acusaciones existentes ni a las denuncias previas que ya constaban en la institución desde 2019. Mediaba una reducción al estado laical, siempre según Pedro Aguado expuso a la víctima, y una prohibición de acercarse a menores que nunca se cumplió.
La coexistencia entre ese homenaje público y la posterior condición de imputado en una investigación por encubrimiento introduce un contraste institucional significativo.
Consagración episcopal de Pedro Aguado en 2025 en España y activación penal el mismo año en México
Pedro Aguado fue consagrado obispo en junio de 2025 para la diócesis de Huesca-Jaca en España. Ese mismo año, según consta en la documentación fiscal mexicana, fue citado en calidad de imputado. El prelado no acudió y no se conoce que se excusara con algún motivo.
La diócesis aragonesa no es ajena a controversias político-religiosas recientes, entre ellas el impulso institucional a un sacerdote de doble vida hacia posiciones en la función pública con recursos económicos aplicados por el obispado de Huesca-Jaca y el respaldo del presidente autonómico Jorge Azcón, amigo de su familia y relacionado con el padre de este sacerdote en fundaciones relacionadas con la Diócesis de Zaragoza y grandes multinacionales españolas. Azcón tendrá un papel protagonista en el próximo viaje del Papa León XIV a España previsto para junio de 2026, al igual que Pedro Aguado.
La coincidencia temporal entre promoción episcopal y activación formal de una citación penal abre un debate institucional inevitable.
Los correos que acreditan conocimiento de la violación del menor desde 2019
La documentación ya publicada permite reconstruir una secuencia clara.
El 4 de septiembre de 2019, la madre de la víctima comunica por escrito a Pedro Alcántara, en ese momento Superior General de los Escolapios y residente en Roma que su hijo había sido violado reiteradamente por el padre escolapio Miguel Flores Martínez y añade que su hijo está dispuesto a denunciar. La madre pregunta expresamente qué debe hacer.
Días después, Pedro Aguado organiza un viaje a Roma para la mamá paa reunirse con él.
El 15 de noviembre de 2019 Aguado envía a la mamá un correo titulado “Plan nueva etapa” en el que informa de que el provincial de México y el superior local estaban plenamente informados y detalla medidas internas de acompañamiento, reubicación y apoyo.
En ninguno de esos correos aparece referencia a activación de la vía penal civil ni a comunicación a autoridades estatales.
En 2019 ya estaba vigente el motu proprio del papa Francisco Vos estis lux mundi, promulgado ese mismo año, que establecía la obligación de investigar con diligencia las denuncias de abusos y de cumplir con las leyes civiles locales, incluyendo la obligación de denunciar ante las autoridades competentes cuando la legislación así lo exigiera.
La omisión de toda referencia a esa vía civil constituye hoy un elemento central del debate jurídico.
Entregas económicas tras la denuncia
Tras las primeras denuncias formales de 2019, Javier Alcántara sostiene haber recibido entregas periódicas de dinero en efectivo directamente de Pedro Aguado Cuesta.
En la conversación mencionada, de 19 de febrero de 2026 con este medio, afirma:
“Pedro Aguado periódicamente lo veía y me regalaba mil euros, me regalaba 2.000 euros en efectivo sin rastreables.”
Según su testimonio, estas entregas no se presentaron formalmente como una indemnización ni como parte de un acuerdo escrito de reparación integral, punto crucial en todo este asunto. Reparación moral, de estudios cuya financiación la fundación interrumpió a poco de culminarse, de profesionales de la salud, etc. Añade:
“Esto era más como que de pagarme era como para que yo no los denunciara.”
Alcántara sostiene que esas cantidades, entregadas en efectivo y sin trazabilidad bancaria, respondían a su situación de necesidad personal tras los hechos denunciados.
Una investigación penal en curso con posibles implicaciones internacionales
La investigación abierta en México se encuentra en fase penal activa.
En este tipo de procedimientos, si la Fiscalía considera necesaria la declaración presencial del imputado, puede solicitar su comparecencia física en Ciudad de México. España y México gozan de acuerdos de colaboración judicial.
Existen precedentes en el ámbito eclesial. El caso del obispo argentino Gustavo Zanchetta terminó con condena penal a cuatro años de prisión por delitos relacionados con abusos sexuales. Zanchetta había sido acogido en la residencia de Santa Marta en el Vaticano por Francisco papa, y posteriormente fue juzgado y condenado en Argentina.
En ese contexto apareció también el nombre de Javier Belda, sacerdote que se presentó como abogado canonista, que terminó laicizado, fue expulsado de la Universidad Católica de Murcia tras acreditarse que fingía múltiples títulos académicos y había ocupado cargos como coordinador de relaciones internacionales en la UCAM y en el Instituto refundado Juan Pablo II para la Familia y el Matrimonio. Belda fue quien acompañó siempre a Zanchetta a Argentina. Del reverendo Belda se supo que vivía con una mujer de manera habitual.
El precedente demuestra que la condición episcopal no bloquea automáticamente la jurisdicción penal ordinaria.
En el caso que nos ocupa, Pedro Aguado reside actualmente en España. Los acuerdos de cooperación judicial entre México y España, decíamos, impiden que la residencia en el extranjero funcione como blindaje automático. En escenarios extremos, si no hubiera comparecencia voluntaria y el procedimiento avanzara, México podría incluso activar mecanismos de cooperación internacional, incluida una eventual solicitud de extradición.
Alcántara interpreta la evolución del procedimiento como un avance firme:
“De que vamos a llegar a juicio, sí se va a llegar a juicio.”
La decisión final corresponderá al Ministerio Público y, en su caso, al juez de control competente.
El núcleo del debate
No se trata solo de una cuestión interna de la Orden de los Padres Escolapios. La documentación acredita conocimiento de los abusos sexuales a manos del padre José Miguel Flores desde 2019. La citación formal como imputado está fechada en noviembre de 2025. La consagración episcopal es de junio de 2025.
La pregunta jurídica de fondo no es retórica: ¿Qué hizo exactamente la autoridad eclesial cuando tuvo conocimiento de los hechos y qué obligaciones civiles estaban vigentes en ese momento?
Alcántara sostiene que el conocimiento institucional era previo y continuado. En sus palabras:
“Desde 2010 supo que esto era un pederasta y nunca lo entregó a la justicia.”
Esta afirmación forma parte de la acusación y deberá ser contrastada en sede judicial.
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