Libertad de prensa bajo presión judicial: ocho preguntas públicas sobre el papel de Javier Cremades y el bufete Pajares (1)

El caso se centra en Jordi Picazo, periodista de investigación y único miembro español del equipo Jacques Pintor, quien se enfrenta a denuncias penales, reclamaciones económicas de extrema gravedad y restricciones personales como consecuencia de su labor informativa. en un contexto en el que los hechos investigados han tenido proyección política, institucional y eclesial (interpelación al lector y a la opinión pública).

Cómo seguir esta serie

Esta investigación se publica en forma de serie abierta, donde cada entrega añade una capa de análisis sobre el uso del derecho como instrumento de presión contra el periodismo de investigación. Las entregas publicadas hasta ahora son:

1. Libertad de prensa bajo presión judicial: ocho preguntas públicas sobre el papel de Javier Cremades y el bufete Pajares
Una primera interpelación a la opinión pública. Ocho preguntas documentadas que no acusan, pero obligan a posicionarse sobre la coherencia, la proporcionalidad y el impacto real de las acciones legales contra un periodista. Esta parte.

2. Javier Cremades, cooperador necesario en un entramado criminal contra el periodismo de investigación
El contraste entre el discurso institucional sobre el Estado de derecho y la práctica jurídica desplegada contra quien investiga abusos y corrupción. Aquí se establece la brecha entre palabras y hechos.
👉 https://corruptspanish.church/cremades-calvo-sotelo-cooperador-necesario-en-un-entramado-criminal-contra-el-periodismo-de-investigacion/

3. Javier Cremades y la mecánica de la persecución judicial contra el periodismo de investigación
Un análisis detallado del cómo: denuncias penales, presión económica, medidas personales y desgaste calculado. No una teoría, sino una mecánica reconocible con efectos disuasorios reales.
👉 https://corruptspanish.church/javier-cremades-y-la-mecanica-de-la-persecucion-judicial-contra-el-periodismo-de-investigacion/

Nuevas entregas se añadirán a este índice a medida que avance la investigación.

1. Coherencia pública

Si un despacho lidera auditorías sobre abusos, transparencia y regeneración institucional en la Iglesia Católica por encargo directo de la Conferencia Episcopal Española, ¿cómo debe valorar la sociedad que uno de sus bufetes integrados impulse acciones penales y económicas contra un periodista que investiga y denuncia precisamente esos abusos y disfunciones institucionales?

2. Conocimiento, proximidad y responsabilidad

¿Puede sostenerse razonablemente, en términos de diligencia profesional, que Javier Cremades desconocía que el bufete Pajares, liderado por su propietario José Pajares en Zaragoza e integrado como representante de Cremades & Calvo-Sotelo en Aragón, actuaba contra un periodista de investigación, cuando mantuvo al menos tres encuentros personales con ese periodista —uno dando un paseo y dos en su despacho profesional—, recibió de su mano, a petición propia, los libros fruto de la investigación y conocía de primera mano el contenido del caso?

Y si aun así no lo sabía, ¿qué dice eso de los mecanismos internos de control, información y responsabilidad en un despacho que se presenta como garante del imperio de la ley?

3. Ayuda ofrecida, retirada y condición impuesta

Cuando el responsable de un despacho de abogados de prestigio internacional ofrece ayuda a un periodista con expresiones como «si necesitas ayuda, dímelo» (Javier Cremades a Jordi Picazo, ante la querella contra Picazo liderada por el socio de Cremades en Zaragoza) y, posteriormente, afirma «no puedo ayudarte» condicionando cualquier salida a que el periodista deje de escribir sobre el caso que denuncia de falta de compliance por parte de la Iglesia Católica,
¿estamos ante una gestión legítima de un conflicto complejo o, al menos desde la percepción de un observador razonable, ante un indicio de presión difícilmente conciliable con la defensa pública de las libertades fundamentales que ese mismo despacho proclama?

4. Proporcionalidad, coerción y efecto real

Cuando a un periodista se le exigen depósitos, embargos, multas e indemnizaciones que suman cientos de miles de euros y se le retira o se le impide la renovación del pasaporte, ¿puede considerarse proporcionado desde una perspectiva democrática o es legítimo preguntarse si estamos ante un mecanismo de coerción personal y económica con efecto disuasorio sobre la libertad de informar.

5. Fiscalía y persistencia punitiva

Si el Ministerio Fiscal afirma que no aprecia delito y reconoce una finalidad informativa en la labor profesional de Jordi Picazo como periodista colegiado internacionalmente, ¿qué lectura debe hacer el ciudadano cuando, pese a ello, se mantienen peticiones de cárcel y de ruina económica contra el informador?

¿Protección de derechos… o castigo ejemplarizante?

6. Contexto agravado, financiación y relevancia pública

Cuando los hechos investigados no son de carácter estrictamente privado, sino que han desembocado en un escándalo político por el nombramiento discrecional —por relación personal— de un sacerdote a un alto cargo público;
cuando dicho sacerdote habría desatendido sus funciones pastorales durante ese periodo, habría sido sostenido económicamente por su diócesis y fue ordenado pese a objeciones internas en el ámbito eclesiástico;

y cuando, además, ese mismo sacerdote recurre a un bufete de primer nivel para impulsar acciones penales y económicas contra el periodista que investiga esos hechos, ¿no añade todo este contexto una relevancia pública objetiva que refuerza el interés informativo y obliga a una especial cautela ante cualquier actuación judicial que pueda tener un efecto inhibidor sobre la investigación periodística?

7. ¿Quién paga la defensa?

Teniendo en cuenta que un sacerdote percibe un sueldo limitado y reglado, ¿es legítimo que la opinión pública, sin prejuzgar, se pregunte de dónde proceden los recursos económicos necesarios para sostener una estrategia legal de alto coste, dirigida por el mismo bufete que fue encargado por la Conferencia Episcopal Española de auditar los abusos sexuales cometidos por clérigos en la Iglesia, mientras dicha investigación judicial contra un periodista se prolonga ya durante cuatro años?

Y, en su caso, ¿puede descartarse con total transparencia que fondos eclesiásticos —directa o indirectamente— hayan sido utilizados para financiar acciones judiciales destinadas a silenciar una investigación de indudable interés público, que afecta a decisiones episcopales controvertidas y a posibles vulneraciones de las normas canónicas que rigen la actuación de los obispos?

8. Pregunta final al lector

Conociendo todo lo anterior —la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal, la proximidad personal entre abogado y periodista, las cuantías reclamadas, las peticiones de cárcel, la retirada del pasaporte, la ausencia de reproche penal de la Fiscalía y el impacto político del caso—, ¿qué mensaje recibe hoy cualquier periodista que observe esta historia desde fuera? ¿Que informar con rigor protege… o que puede tener un coste personal y profesional difícilmente asumible en una democracia?

Yanelis Tovar. Editor

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