Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association, a la izquierda de Su Majestad el Felipe VI, durante el Congreso de la World Jurist Association celebrado en Santo Domingo (República Dominicana).
En las dos primeras entregas se estableció el marco y el conflicto. Primero, las ocho preguntas públicas que cualquier sociedad democrática tiene derecho a formular cuando un bufete poderoso (Cremades & Calvo-Sotelo) actúa contra un periodista de investigación. Después, la figura incómoda del cooperador necesario: el contraste entre el discurso solemne de Javier Cremades sobre el Estado de Derecho y su implicación efectiva en una ofensiva legal contra quien investiga abusos de poder.
A partir de aquí, ya no hablamos de principios ni de palabras, sino de mecanismos concretos.
Cómo seguir esta serie
Esta investigación se publica en forma de serie abierta, donde cada entrega añade una capa de análisis sobre el uso del derecho como instrumento de presión contra el periodismo de investigación. Las entregas publicadas hasta ahora son:
1. Libertad de prensa bajo presión judicial: ocho preguntas públicas sobre el papel de Javier Cremades y el bufete Pajares
Una primera interpelación a la opinión pública. Ocho preguntas documentadas que no acusan, pero obligan a posicionarse sobre la coherencia, la proporcionalidad y el impacto real de las acciones legales contra un periodista.
👉 https://corruptspanish.church/libertad-de-prensa-bajo-presion-judicial-siete-preguntas-publicas-sobre-el-papel-de-javier-cremades-y-el-bufete-pajares/
2. Javier Cremades, cooperador necesario en un entramado criminal contra el periodismo de investigación
El contraste entre el discurso institucional sobre el Estado de derecho y la práctica jurídica desplegada contra quien investiga abusos y corrupción. Aquí se establece la brecha entre palabras y hechos.
👉 https://corruptspanish.church/cremades-calvo-sotelo-cooperador-necesario-en-un-entramado-criminal-contra-el-periodismo-de-investigacion/
3. Javier Cremades y la mecánica de la persecución judicial contra el periodismo de investigación
Un análisis detallado del cómo: denuncias penales, presión económica, medidas personales y desgaste calculado. No una teoría, sino una mecánica reconocible con efectos disuasorios reales. Esta parte.
Nuevas entregas se añadirán a este índice a medida que avance la investigación.
En esta tercera parte entramos en el cómo: cómo se activa, se despliega y se mantiene en el tiempo una persecución judicial contra un periodista de investigación cuando su trabajo incomoda a instituciones poderosas. No hablamos de teoría, sino de mecánica.
1. La puerta de entrada: criminalizar la investigación
El primer movimiento no es responder a la información publicada, sino desplazar el conflicto del terreno informativo al penal. La denuncia criminal —aunque luego no prospere— cumple una función inmediata: invertir los papeles. El periodista deja de ser quien pregunta y pasa a ser quien se defiende. El tiempo, los recursos y la atención se desvían del objeto investigado hacia el propio informador.
Este desplazamiento es clave: convierte un debate público en un problema personal y crea un marco de sospecha que opera incluso sin condena. El mensaje implícito no es jurídico, es cultural: investigar tiene coste.
2. La presión económica como palanca principal
A la vía penal se le suma una estrategia económica de alto impacto: reclamaciones desproporcionadas, solicitudes de embargos, depósitos y cuantías que ningún periodista independiente puede asumir sin poner en riesgo su subsistencia. No es necesario ganar el pleito para lograr el objetivo. Basta con alargarlo.
Aquí el derecho funciona como palanca de desgaste. Cada escrito, cada recurso y cada señalamiento tiene un coste material y psicológico. El efecto no se mide en sentencias, sino en agotamiento.
3. Medidas personales y efecto intimidatorio
Cuando, además, entran en juego restricciones personales —como limitaciones de movimiento—, el mensaje se vuelve inequívoco: la presión no se dirige solo al trabajo publicado, sino a la vida del periodista. Se trata de generar un entorno de inseguridad continuada que invite al silencio, a la autocensura o al abandono.
Este tipo de medidas no actúan solo sobre el afectado directo. Funcionan como aviso al resto del gremio.
4. El patrón SLAPP y su lógica real
Este conjunto de prácticas encaja con lo que en el ámbito internacional se conoce como SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation): acciones legales estratégicas destinadas a disuadir la participación pública. Su rasgo definitorio no es la solidez jurídica, sino su efecto disuasorio.
El patrón se repite:
- Se activa la vía penal.
- Se multiplica la presión económica.
- Se prolongan los tiempos procesales.
- Se personaliza el coste.
El resultado no es justicia, sino silencio.
5. El contraste con el discurso del Estado de derecho
Este mecanismo adquiere una relevancia especial cuando se observa a la luz del discurso público defendido por Javier Cremades como presidente de la World Jurist Association. Mientras se proclama el Estado de derecho como garantía de libertad, se tolera —o se impulsa— un uso del derecho que desincentiva el ejercicio efectivo de esa libertad cuando afecta a ciertos intereses.
No es una contradicción retórica. Es una brecha práctica entre palabras y hechos.
6. El impacto democrático
Cuando el periodismo de investigación se enfrenta a este tipo de respuesta, no está en juego una reputación individual, sino el derecho de la sociedad a saber. La persecución judicial del informador empobrece el debate público, debilita los controles democráticos y protege, por omisión, aquello que debía ser examinado.
La pregunta final no es si el periodista resistirá. Es qué democracia queda cuando investigar se convierte en una actividad de alto riesgo.
En la próxima entrega descenderemos aún más al detalle: quién paga, quién decide y quién se beneficia cuando el derecho se usa como barrera frente a la información. Porque toda mecánica tiene responsables, y toda estrategia deja rastro.
Yanelis Tovar. Editor
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