Obispo Pedro Aguado Cuesta
La conferencia – coloquio del obispo de Huesca – Jaca Pedro Aguado Cuesta en Zaragoza y retransmitida en vídeo del 10 de febrero de 2026, titulada “Preocupaciones de un obispo hoy”, ofrece poco material nuevo para quien sigue el caso penal contra el prelado desde hace meses. El obispo de Huesca y Jaca, Pedro Aguado Cuesta, habló durante más de una hora de sinodalidad, reestructuración, sostenibilidad y formación. No hubo una sola mención a la crisis de abusos ni a la obligación de rendición de cuentas que pesa hoy sobre cualquier responsable eclesiástico.
El discurso fue coherente con el perfil que proyecta Aguado: gestor pastoral, reformista moderado, hombre de procesos. Insistió en la necesidad de equipos, en superar inercias, en reorganizar estructuras que ya no responden a la realidad demográfica. Admitió que la sostenibilidad integral de las diócesis es “dudosamente verificable” y que hacen falta agentes formados. Nada de eso es discutible. Tampoco es nuevo.
Lo relevante no es lo que dijo, sino lo que no dijo.
La conferencia se presentó como una reflexión sobre las preocupaciones actuales de un obispo. En el contexto eclesial contemporáneo en España, también en Aragón, la gestión de abusos y la responsabilidad institucional forman parte central de esas preocupaciones. Sin embargo, el tema no apareció. Ni en la exposición inicial ni en las respuestas posteriores, salvo una referencia indirecta cuando una asistente habló del riesgo de determinados movimientos y de las víctimas con las que trabajan algunas personas. La respuesta volvió al terreno pastoral: propuestas para jóvenes, necesidad de acompañamiento, mayor discernimiento compartido entre obispos. Tampoco aclaró la autora de la pregunta a qué movimientos se refería, y destacaron las palabras “americanos” y “ultraconservadores”. Posiblemente, si pensamos en Zaragoza, se refiriera al movimiento Hakuna.
Mientras tanto, el contexto jurídico es otro. Recientemente se ha formalizado una denuncia por la Fiscalía de Ciudad de México contra Pedro Aguado por encubrimiento institucional y, según se ha anunciado, podría ampliarse por posibles conductas vinculadas al tráfico de personas. No estamos ante una simple queja informal, sino ante una acción jurídica en curso. Además, existe una citación judicial para Aguado en Ciudad de México (para el 4 de diciembre de 2025) que no fue atendida y que podría reiterarse. Ese escenario no es hipotético. Es procesal.
En ese marco, el silencio público adquiere un significado. No porque una conferencia pastoral tenga que convertirse en un alegato judicial, sino porque la omisión de cualquier referencia a la dimensión de responsabilidad institucional deja sin integrar el plano que hoy condiciona la credibilidad de la Iglesia. Hablar de conversión sin aludir a la obligación de esclarecer hechos concretos reduce el alcance de esa conversión. Invocar la sostenibilidad sin mencionar los riesgos jurídicos que pueden afectarla deja el análisis incompleto.
La intervención en YouTube no desmiente la investigación en curso. Tampoco la aclara. No aporta datos nuevos sobre los hechos denunciados ni ofrece explicaciones sobre la citación pendiente. Se limita a un programa de reforma interna que no entra en el terreno disciplinario ni judicial. Desde el punto de vista informativo, eso es lo único que puede afirmarse con rigor: el discurso pastoral sigue su curso; el procedimiento jurídico también. Ambos planos todavía no se han encontrado en el espacio público.
A ese marco pastoral incompleto se suma el estado en que quedó la diócesis tras el gobierno de su predecesor, Julián Ruiz Martorell. Bajo su mandato se ordenó a un candidato cuya conducta previa había sido advertida y documentada, generando una crisis que trascendió lo estrictamente eclesial. La investigación publicada en “Denuncias de promiscuidad sexual del clero español sacuden a la Diócesis de Huesca-Jaca expuso no solo la conducta personal del sacerdote, sino la cuestión institucional: quién conocía qué y qué decisiones se adoptaron pese a las advertencias.
Posteriormente, en “Política, pecado y poder: el ascenso de un sacerdote controversial en la administración pública”, se documentó el salto del mismo sacerdote a un puesto de alta responsabilidad en la administración pública aragonesa, en un contexto de presunto tráfico de influencias y con una causa judicial abierta contra el periodista que había revelado los hechos. En ese artículo se detalla que el entonces obispo Ruiz Martorell fue trasladado de diócesis mientras estaba citado como testigo en el procedimiento, y que el rector que había advertido sobre la improcedencia de la ordenación fue promovido al Vaticano.
Entre la salida de Ruiz Martorell y la llegada de Pedro Aguado medió la administración apostólica de Vicente Jiménez Zamora. Sin embargo, el origen del problema no está en la transición, sino en la decisión inicial de ordenar y sostener a un candidato cuya idoneidad había sido cuestionada. Ese es el núcleo. La responsabilidad no es retórica; es de gobierno.
Cuando hoy se escucha a Pedro Aguado hablar de sostenibilidad, formación y conversión pastoral, el contraste es inevitable. La diócesis que recibe arrastra una crisis reputacional, judicial y moral que no aparece en su intervención pública. No se trata de exigir un alegato defensivo en cada conferencia, sino de constatar que el principal factor de desgaste institucional —la gestión de conductas incompatibles con el ministerio y las decisiones adoptadas pese a advertencias— no forma parte del relato ofrecido.
Ese silencio no prueba culpabilidad. Pero sí evidencia una disociación entre discurso pastoral y realidad jurídica. Y mientras esa brecha no se cierre con explicaciones claras, la narrativa de reforma quedará suspendida sobre una base que todavía no ha sido esclarecida en sede civil ni en sede eclesiástica.
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