¿Verdad o institución? El bluff comunicativo de Isabel Llauger y los Escolapios de Pedro Aguado

EN ESTE ARTÍCULO

• ¿La comunicación corporativa sirve a la verdad o a la institución?
• Solicitud de transparencia y rendición de cuentas por parte de la víctima

Buena Lectura. Equipo Jacques Pintor

¿La comunicación corporativa sirve a la verdad o a la institución?

En el caso de Javier Alcántara, víctima de abusos sexuales por parte de un padre escolapio en México cuando contaba entre ocho y once años de edad, y que ahora denuncia el encubrimiento durante años por parte de la Orden —como hemos señalado aquí —, la intervención televisiva de Isabel Llauger en el programa “Aquí y Ahora” de Aragón TV resulta especialmente relevante no solo por lo que afirma explícitamente, sino por la arquitectura discursiva completa que despliega cuando se la analiza desde parámetros de coherencia narrativa, credibilidad institucional y comunicación de crisis. La conservación íntegra de las vacilaciones, reformulaciones, repeticiones y rectificaciones espontáneas permite observar con precisión cómo se construye un relato altamente monitorizado en tiempo real, particularmente en aquellos puntos donde aparecen conceptos jurídicamente delicados como investigación, autoridad civil, encubrimiento o responsabilidad institucional.

Desde el inicio de la entrevista se aprecia que el objetivo principal de la intervención no es tanto esclarecer hechos concretos como reencuadrar el significado moral y jurídico de determinadas decisiones tomadas por la Orden. La estructura argumental es constante: minimizar la responsabilidad institucional directa, reforzar la imagen de diligencia de Pedro Aguado, desplazar parte de la carga causal hacia elementos externos y transformar el eventual error no en una omisión grave, sino en una consecuencia derivada de la empatía hacia la víctima. Vergüenza. Esa operación retórica alcanza su máxima expresión cuando Isabel Llauger afirma que no trasladar el caso a la autoridad civil respondió a la voluntad expresa de Javier Alcántara y al deseo de no revictimizarlo. La formulación está cuidadosamente construida para convertir una posible omisión institucional en una decisión presentada como humana y compasiva.

Sin embargo, precisamente ahí emerge uno de los principales problemas de credibilidad interna del discurso. La entrevista intenta sostener simultáneamente dos tesis cuya convivencia resulta muy difícil desde el punto de vista lógico: por un lado, que Pedro Aguado actuó “con total diligencia”; por otro, que no se acudió a la justicia civil pese a tratarse de acusaciones gravísimas relacionadas con menores. La tensión entre ambas ideas atraviesa toda la intervención y nunca llega realmente a resolverse. Cada vez que la periodista insiste en ese núcleo problemático, el discurso se desplaza hacia explicaciones emocionales, contextuales o terminológicas, evitando afrontar directamente la contradicción central.

En este punto adquiere especial relevancia la insistencia casi obsesiva en delimitar jurídicamente la responsabilidad de la Orden respecto de las actuaciones posteriores de José Miguel Flores. Expresiones como “fuera del control de la estructura”, “no estaba autorizado”, “fuera del universo institucional” o “sin conocimiento de la curia general” aparecen repetidamente. Desde el punto de vista técnico, se trata de una estrategia clásica de contención reputacional orientada a construir distancia institucional. Pero precisamente por su reiteración produce el efecto contrario en términos perceptivos: cuanto más se insiste en negar la conexión estructural, más evidente resulta para el espectador que la protección del perímetro de responsabilidad constituye el verdadero centro gravitacional del discurso. Vergogna.

Ahí aparece además un elemento retórico particularmente significativo: la acumulación continua de explicaciones preventivas y justificaciones anticipadas. En términos clásicos, aflora con claridad la lógica de la excusatio non petita, accusatio manifesta —excusa no pedida, acusación manifiesta—. La intervención contiene una sucesión constante de matizaciones, reformulaciones y excusas destinadas a neutralizar posibles inferencias del espectador antes incluso de que estas se formulen plenamente. Esa necesidad permanente de reinterpretar el significado de cada decisión, de cada omisión y de cada actuación acaba transmitiendo la sensación de un discurso defensivo más preocupado por controlar consecuencias interpretativas que por ofrecer una reconstrucción transparente y lineal de los hechos.

Especialmente revelador resulta el tratamiento de la palabra “investigación”. Cuando la presentadora subraya que el Vaticano no abre investigaciones de esta naturaleza de manera rutinaria, Isabel Llauger responde desplazando semánticamente el concepto. Primero parece relativizar la existencia de una investigación relevante; después redefine la “verdadera investigación” como aquella iniciada años atrás cuando Pedro Aguado trasladó información al Vaticano. La maniobra no niega frontalmente el problema, sino que modifica el marco conceptual dentro del cual debe interpretarse. Técnicamente puede intentar sostenerse; comunicativamente, sin embargo, genera una percepción de evasión argumental.

Otro aspecto especialmente importante es el uso recurrente de vocabulario emocional y terapéutico: “confort”, “reconstrucción personal”, “empatía”, “solidaridad”, “no revictimizar”. Ese léxico cumple una función muy precisa dentro de la comunicación institucional contemporánea: humanizar la posición de la organización y desplazar el foco desde la responsabilidad estructural hacia el acompañamiento emocional. El problema aparece cuando esa capa de lenguaje afectivo convive simultáneamente con un esfuerzo constante por limitar jurídicamente cualquier responsabilidad institucional. La combinación de ambos registros produce una cierta artificialidad perceptiva: el espectador observa al mismo tiempo la voluntad de mostrarse cercano y la necesidad permanente de blindar a la institución. Pudor perdido. Vergüenza institucional.

Desde un análisis del nerviosismo discursivo, aparecen además diversos microindicadores de tensión comunicativa. Cuando la presentadora inicia la entrevista diciendo “Bienvenida”, Isabel Llauger responde automáticamente “Bienvenida y gracias por contactar con nosotros”. La repetición refleja una entrada conversacional cognitivamente acelerada y poco asentada. No demuestra falsedad ni constituye una prueba autónoma de nada, pero sí encaja dentro de un patrón más amplio de intervención sometida a una elevada carga de control reputacional. Lo mismo ocurre con las reiteraciones, las frases abandonadas a mitad, las reformulaciones inmediatas y los errores de concordancia que aparecen precisamente en los segmentos donde se abordan cuestiones más delicadas.

En ese contexto adquiere también especial relevancia el cierre abrupto de la entrevista. Isabel Llauger interrumpe la conversación alegando que debe acudir inmediatamente a otra reunión y que “le están esperando”. Humanamente puede ser una explicación legítima. Sin embargo, desde el punto de vista de comunicación institucional, el detalle resulta llamativo porque se produce precisamente cuando la periodista estaba penetrando en el núcleo más sensible del caso: la naturaleza exacta de la investigación y la eventual responsabilidad institucional. Tratándose además de una portavoz profesional habituada a comparecencias públicas y vinculada a entornos de comunicación corporativa y compliance, resulta razonable pensar que una intervención televisiva sobre un asunto de semejante gravedad habría sido reservada con suficiente margen horario. El efecto perceptivo final es el de una creciente incomodidad discursiva y una necesidad de abandonar el foco mediático antes de que determinadas contradicciones fueran exploradas con mayor profundidad.

La frase probablemente más reveladora de toda la intervención llega al final, cuando Isabel Llauger admite que, “con ojos de hoy”, probablemente no actuarían de la misma manera. Esa afirmación introduce una fisura interna muy importante dentro del propio relato institucional. No se reconoce negligencia grave ni encubrimiento deliberado, pero sí se admite implícitamente que la actuación entonces considerada correcta hoy sería replanteada. Desde un punto de vista forense del discurso, esa admisión parcial resulta enormemente significativa porque debilita retrospectivamente la tesis inicial de diligencia plena. O tempora, o mores: qué tiempos, qué costumbres. O, dicho sin latín: vergüenza.

El elemento más sólido de nuestro análisis sigue siendo el señalado más arriba: la asimetría comunicativa. Mientras la petición formal de réplica de la víctima, dirigida a Isabel Llauger y que reproducimos más abajo, permanecía sin respuesta durante meses, la portavoz institucional participaba extensamente en un programa televisivo reforzando públicamente una narrativa unilateral sobre los mismos hechos. Fue por ello que Javier Alcántara se dirigió personalmente a la brillante conductora del Programa solicitándole ese derecho, que le fue concedido de una manera espectacularmente gráfica (ver aquí -contiene vídeo con las entrevistas, y transcripciones).

Solicitud de transparencia y rendición de cuentas –enero de 2026

Estimada Sra. Llauger Ribas:

Me dirijo a usted en mi condición de víctima, y a usted en su calidad de portavoz y responsable de reputación de las Escuelas Pías y del Sr. Pedro Aguado.

Le escribo para manifestar formalmente mi absoluto desconcierto y profundo malestar ante los comunicados públicos emitidos recientemente, comunicados que no solo carecen de sentido, sino que resultan improcedentes y ofensivos para quien ha sufrido directamente los hechos.

En primer lugar, resulta inaceptable que se realicen manifestaciones públicas sobre mi persona cuando usted no me conoce, no ha hablado conmigo y no ha recabado mi versión. Le solicito que me indique en qué se fundamenta la legitimidad de pronunciarse sobre un caso concreto sin haber escuchado previamente a la víctima.

En segundo lugar, la afirmación de que “todo se hizo correctamente” es incompatible con un hecho esencial que nadie ha explicado: José Miguel Flores Martínez no fue puesto a disposición de la justicia. He tenido acceso al acta de defunción presentada y debo señalar que no se corresponde con la persona que yo conocí y que me causó daño. Este extremo, lejos de cerrar el caso, lo agrava y exige explicaciones claras.

Por todo ello, reclamo formalmente mi derecho de réplica y exijo, con la firmeza que la situación impone, que el Sr. Pedro Aguado responda de manera clara, directa y sin ambigüedades a una única pregunta:

si todo se hizo correctamente, ¿por qué José Miguel Flores Martínez no fue entregado a la justicia?

Conviene dejarlo meridianamente claro: el origen de mi dolor, de mi indignación y de este conflicto no es un relato ni una interpretación, sino el hecho de que se permitiera conscientemente que un depredador permaneciera al frente de niñas y niños, cuando el deber moral, ético, civil y legal de cualquier institución responsable era apartarlo inmediatamente y entregarlo a la justicia, no protegerlo, no silenciar los hechos ni permitir que continuara teniendo acceso a menores.

Ese es el núcleo del daño.

Ese es el hecho irreparable.

Todo lo demás son comunicados.

Carácter público de la presente comunicación

Le informo de que, en tanto que víctima y parte directamente afectada, y dado que los hechos ya han sido objeto de comunicaciones públicas por parte de la institución a la que usted representa, esta comunicación y la eventual respuesta que se emita podrán hacerse públicas. Mi único y exclusivo propósito es alcanzar la verdad, obtener explicaciones claras y contribuir a la rendición de cuentas que una sociedad democrática exige, sin ánimo de difamación y en ejercicio legítimo de mi derecho a la transparencia y a la reparación.

Javier Alcántara

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Si considera que alguna afirmación de hecho contenida en este artículo es inexacta, puede ponerse en contacto con la redacción para ejercer su derecho de réplica o solicitar una aclaración o corrección factual, de conformidad con los estándares periodísticos. 

La redacción también está disponible para conceder entrevistas; esto se aplica —con las debidas garantías de protección— también a algunas de las personas afectadas. 

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