En distintos foros internacionales, Javier Cremades se presenta como una de las voces más firmes en defensa del Estado de derecho, de la libertad de expresión y del papel insustituible del periodismo en las democracias contemporáneas. Así lo hace como presidente de la World Jurist Association y como fundador del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, con sede en Madrid.
Cómo seguir esta serie
Esta investigación se publica en forma de serie abierta, donde cada entrega añade una capa de análisis sobre el uso del derecho como instrumento de presión contra el periodismo de investigación. Las entregas publicadas hasta ahora son:
1. Libertad de prensa bajo presión judicial: ocho preguntas públicas sobre el papel de Javier Cremades y el bufete Pajares
Una primera interpelación a la opinión pública. Ocho preguntas documentadas que no acusan, pero obligan a posicionarse sobre la coherencia, la proporcionalidad y el impacto real de las acciones legales contra un periodista.
👉 https://corruptspanish.church/libertad-de-prensa-bajo-presion-judicial-siete-preguntas-publicas-sobre-el-papel-de-javier-cremades-y-el-bufete-pajares/
2. Javier Cremades, cooperador necesario en un entramado criminal contra el periodismo de investigación
El contraste entre el discurso institucional sobre el Estado de derecho y la práctica jurídica desplegada contra quien investiga abusos y corrupción. Aquí se establece la brecha entre palabras y hechos. Esta entrada.
3. Javier Cremades y la mecánica de la persecución judicial contra el periodismo de investigación
Un análisis detallado del cómo: denuncias penales, presión económica, medidas personales y desgaste calculado. No una teoría, sino una mecánica reconocible con efectos disuasorios reales.
👉 https://corruptspanish.church/javier-cremades-y-la-mecanica-de-la-persecucion-judicial-contra-el-periodismo-de-investigacion/
Nuevas entregas se añadirán a este índice a medida que avance la investigación.
Javier Cremades, el periodismo ejemplar y el caso que lo desmiente
En el Congreso Internacional de la World Jurist Association celebrado en Santo Domingo (2025), Cremades insistió en una idea central: sin una prensa libre, rigurosa y valiente, el Estado de derecho se convierte en un eslogan vacío. El mismo mensaje reaparece, con un tono aún más explícito, en su intervención en los Premios del Club Internacional de Prensa, donde reivindica el “rigor periodístico”, la búsqueda de la verdad y la protección del informador frente a las presiones del poder.
Ese es el discurso público.
El problema —y el núcleo de esta investigación— es que ese discurso convive, sin solución de continuidad, con una práctica jurídica que lo contradice frontalmente.
El caso que quiebra el relato
Mientras Javier Cremades elogiaba el periodismo riguroso en tribunas internacionales, su propio despacho —a través de su representación en Zaragoza, Pajares Abogados— dirigía una ofensiva penal, económica y personal contra un periodista de investigación: Jordi Picazo, único miembro español del equipo internacional Jacques Pintor.
Aquí aparece una curiosidad reveladora, que no es anecdótica sino profundamente simbólica: Jordi Picazo es, soy, hasta donde consta, el único periodista español miembro del Chartered Institute of Journalists, el primer colegio profesional de periodistas del mundo, con Royal Charter y sede en Londres. Un dato adicional refuerza la paradoja: Winston Churchill, impulsor histórico del movimiento internacional de juristas del que nacería la World Jurist Association, fue también miembro acreditado de este instituto. Tuve el privilegio, además, de ser profesor titular de la escuela secundaria donde estudió Churchill, que cuenta más de cuatro siglos de historia, en Londres.
Es decir: el periodista perseguido pertenece a la misma tradición institucional que el referente histórico del jurismo internacional al que hoy apela el discurso de Cremades.
La ofensiva jurídica no es abstracta ni retórica. Se concreta en:
- peticiones de pena de prisión,
- embargos preventivos y reclamaciones económicas de gran cuantía,
- medidas cautelares de silencio,
- restricciones personales, incluida la retirada del pasaporte,
todo ello en un contexto en el que el Ministerio Fiscal no aprecia delito y reconoce la finalidad informativa del trabajo periodístico.
No se trata, por tanto, de un conflicto teórico entre honor y libertad de expresión, sino de una utilización intensiva del aparato judicial con efecto disuasorio, típicamente descrita en la literatura internacional como SLAPP.
De auditor de abusos a acusador del informador
La contradicción se vuelve aún más grave cuando se incorpora un dato objetivo e incontrovertido:
Cremades & Calvo-Sotelo fue el despacho encargado por la Conferencia Episcopal Española de auditar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, por un importe aproximado de 1,2 millones de euros.
Es decir:
el mismo bufete que se presenta como garante de la transparencia y la rendición de cuentas en la Iglesia,
dirige —directa o indirectamente— acciones judiciales para silenciar al periodista que documenta fallos de compliance, encubrimientos y abusos de poder dentro de esa misma institución.
El elogio del rigor… y la negación del periodista
El discurso de Cremades en los Premios del Club Internacional de Prensa subraya que el periodismo debe ser riguroso, contrastado y responsable. Sin embargo, en el procedimiento contra Picazo:
- se cuestiona su condición de periodista,
- se deslegitima el uso del blog como herramienta profesional,
- se reduce el interés público de los hechos a una supuesta “esfera privada”,
- se impone el silencio preventivo sin sentencia firme.
La paradoja es evidente: el rigor periodístico se celebra en los discursos, pero se castiga cuando incomoda a estructuras de poder concretas.
La pregunta que ya no puede eludirse
A la luz de estos documentos —el discurso público de Cremades, su posición institucional y la actuación real de su entorno profesional— la cuestión ya no es retórica:
¿Puede un sistema que castiga al periodista que investiga abusos, mientras premia al abogado que los audita, seguir hablando con credibilidad de “imperio de la ley”?
Cuando el lenguaje del Estado de derecho se convierte en una coartada, es necesario examinar no solo lo que se dice, sino a quién se persigue para que deje de hablar.
Yanelis Tovar. Editor
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