Isabel Llauger
EN ESTE ARTÍCULO
- Reflexión sobre el caso de la víctima Javier Alcántara y el encausamiento del obispo Pedro Aguado ante la Fiscalía de México. Por Jordi Picazo.
- La Primera puerta
- Isabel Llauger y el primer Filtro
- Llauger y su marido Carles monguilod: Dos funciones y un mismo escenario
- Cuando los casos dejan de ser casos
Buena Lectura. Equipo Jacques Pintor
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Hay un momento del que casi nunca se habla cuando una víctima de abusos sexuales decide denunciar. No es el momento de la sentencia. Ni siquiera el de la denuncia ante la policía o la fiscalía. Es anterior. Mucho más silencioso. Es el instante en que una persona reúne el valor suficiente para escribir una carta.
Quien nunca ha tenido que hacerlo quizá piense que redactar unas páginas y pulsar el botón de enviar es un gesto sencillo. Cada carta obliga a revivir nombres, fechas, lugares y recuerdos que durante años han permanecido encerrados bajo siete cerrojos. Cada sobre enviado contiene una pregunta que ninguna víctima formula por gusto: “¿Habrá alguien al otro lado dispuesto a escuchar?”
El mexicano Javier Alcántara escribió muchas cartas. Su madre Claudia también. Mientras tanto, el monstruo, un padre escolapio, seguía libre, ocultado por la orden de las Escuelas Pías bajo la presidencia de su superior Pedro Aguado, con un falso proceso de expulsión y finalmente declarado muerto en circunstancias sin aclarar.
En toda nuestra oferta de documentación, entrevistas exclusivas y análisis hemos mostrado cómo recién Javier Alcántara dio un salto de calidad en su calvario. No pedía privilegios. No exigía que nadie aceptara su relato sin investigarlo. Pedía algo mucho más elemental: que la Iglesia investigue a la Iglesia. Que investigue las decisiones de quienes tuvieron la responsabilidad de gobernar, trasladar, supervisar y proteger. Y que se protegiera a las otras víctimas pasadas y futuras de la Orden. En el caso de las pasadas, las que cayeron en las garras del depredador sexual escolapio y sacerdote José Miguel Flores antes que Javier, y después de él hasta el día de hoy mientras la Orden barría la podredumbre bajo la alfombra. Durante dieciséis años, en fin, de impunidad garantizada por la Pía Orden.
En esta Entrada reciente que volvemos a traer a colación ya se ha explicado por qué esa petición de investigar con responsabilidad fue dirigida por Javier a Ecuador, cuál era su fundamento documental y qué preguntas plantea sobre las responsabilidades institucionales. No repetiré aquí aquellos hechos.
La primera puerta
Hoy interesa otra pregunta. ¿Qué ocurre desde que una carta llega a una institución hasta que alguien decide responderla? Porque ahí empieza realmente la salvaguarda.
Durante años la Iglesia ha invertido enormes esfuerzos en elaborar protocolos, crear oficinas, formar comisiones y organizar congresos internacionales sobre protección de menores. Todo ello es necesario. Pero existe un riesgo silencioso: creer que la salvaguarda comienza con el protocolo. La salvaguarda comienza antes. Comienza cuando una víctima escribe. Y continúa cuando alguien decide qué hacer con esa carta.
En ese instante, la comunicación institucional deja de ser un departamento encargado de transmitir mensajes. Pasa a formar parte del propio sistema de protección. Quien recibe una denuncia, quien responde una petición de información, quien mantiene o rompe un silencio, también está influyendo en la experiencia de la víctima.
Estaba intentando comprender qué ocurre con una denuncia desde que una víctima escribe la primera carta hasta que una institución decide cómo responder. Ese recorrido pasa por documentos, reuniones, responsables de comunicación, asesores, abogados y superiores religiosos. Mi interés no es tanto seguir nombres propios, como reconstruir el camino que recorre una denuncia dentro de una institución.
Isabel Llauger y el primer filtro
Recibí con satisfacción la primera llamada telefónica de Isabel Llauger. Pensé que, por fin, podría conversar con una persona que conocía desde dentro la posición institucional. Imaginé una conversación sobre documentos, hechos y preguntas en relación con el caso de Pedro Aguado y la víctima que contactó con nosotros, Javier Alcátara. No ocurrió así.
Antes incluso de interesarse por la investigación que el equipo Jacques Pintor está realizando, antes de un saludo de profesional a profesional, la conversación comenzó con una idea muy concreta: “Javier quería dinero y la institución había hecho todo lo que debía hacer”. Apenas unos minutos después, Isabel me explicó que debía marcharse porque la esperaban para otro compromiso. La conversación terminó casi tan pronto como había comenzado, con esta frase suya recurrente que ha utilizado incluso en entrevistas en TV.
Aquella conversación terminó dejándome más preguntas que respuestas. Enseguida comprendí que su importancia no residía tanto en lo que allí se dijo, una defensa acérrima de Pedro Aguado y un desprecio de la víctima Alcántara, casi culpándola de no darse por satisfecho, como en la nueva pregunta que, más clara, me surgía: ¿cómo responde una institución cuando quien llama a su puerta no es un periodista, ni un juez, ni un obispo, sino una víctima? Esa pregunta me llevó hacia atrás. A partir de ese momento dejé de mirar únicamente un caso concreto y empecé a reconstruir el recorrido completo de una denuncia dentro de la institución.
Isabel Llauger y su marido Carles Monguilod: dos funciones, un mismo escenario
A lo largo de los años, Llauger ha desempeñado responsabilidades de comunicación y defensa reputacional para distintas congregaciones y entidades eclesiales, precisamente en un ámbito tan sensible como la protección de menores y la gestión pública de denuncias por abusos. En ese esfuerzo por entender la dinámica de su mundo apareció otro nombre que pertenecía a una investigación muy anterior. Carles Monguilod.
Tres años antes lo había entrevistado personalmente durante el juicio seguido contra el entonces exsacerdote Amadeo Elcoso en Huesca, acusado de la presunta violación de un monaguillo.
Mi conversación con Monguilod y mi entrevista al abusador de décadas, el ex cura Amadeo Elcoso en el hall de la Audiencia de Huesca no teníamos todavía relación alguna con Javier Alcántara. [Sobre el caso Amadeo Elcoso, véase mi serie de cuatro artículos publicada en El Nacional al final de este artículo.] Entonces no imaginaba que, con el paso del tiempo, distintos nombres, distintas instituciones y distintos casos comenzarían a formar parte de una misma investigación.
La función de Monguilod como abogado forma parte del ejercicio legítimo del derecho de defensa, piedra angular de cualquier Estado de Derecho. En aquella vista en Huesca y haciendo uso de la palabra al final del juicio de cinco horas de duración, explicó con claridad que no correspondía a la defensa demostrar la inocencia de su representado, sino a la acusación acreditar los hechos. Compartí entonces esa reflexión desde una perspectiva estrictamente jurídica y así lo escribí públicamente.
Isabel Llauger y Carlos Monguilod son matrimonio. Ese hecho, por sí mismo, no constituye reproche alguno. Mi interés periodístico surgió por otro motivo.
Por un lado aparecía una profesional especializada en comunicación institucional para congregaciones religiosas y vinculada a ámbitos de salvaguarda. Por otro, un despacho penalista dedicado a la defensa técnica en procedimientos de especial complejidad, como son los sacerdotes o religiosos que finalmente son acusados y juzgados. A esa doble dimensión se añade un hecho público y fácilmente verificable: Isabel Llauger desarrolla también la comunicación corporativa del despacho profesional de Carles Monguilod. Además, son los propios Escolapios quienes invitan a las víctimas a dirigirse a ella como interlocutora, cuando su misión es salvaguardar la reputación de las instituciones y maquillar sus pecados, cuando los hay.
No afirmo que exista coordinación entre esas funciones. Lo que considero legítimo es preguntarme cómo interactúan, dentro de un mismo ecosistema institucional, la comunicación pública, la gestión de una crisis y la respuesta jurídica cuando una denuncia por abusos sexuales llega a una institución religiosa.
Cuando los casos dejan de ser casos
Fue entonces cuando comprendí que ya no estaba investigando únicamente un caso. Estaba empezando a investigar un sistema. La cuestión ya no consiste únicamente en reconstruir cada caso por separado. Hay que preguntarse cómo reaccionan las instituciones cuando una denuncia llega a sus despachos. Cómo hablan. Cómo escuchan. Cómo responden. O cómo callan.
Las víctimas no necesitan únicamente buenos protocolos. Necesitan buenos interlocutores. Necesitan saber que quien recibe su carta comprende que no está gestionando un expediente administrativo. Está recibiendo una parte de la vida de una persona. Algunas víctimas expresan una percepción que ninguna institución debería permitirse ignorar. No afirman que existan oficialmente víctimas de primera y de segunda categoría. Sin embargo, sienten que la posibilidad de ser escuchadas depende, a veces, de la capacidad que tengan para hacerse visibles.
A un lado está quien dispone de recursos para sostener durante años una batalla judicial, quien consigue atraer la atención de los medios o quien encuentra apoyos suficientes para mantener viva la conversación pública. Al otro, quien escribe solo. Quien no conoce periodistas. Quien no dispone de recursos económicos. Quien únicamente tiene una carpeta de documentos y la esperanza de que alguien la lea.
Si esa percepción llegara a consolidarse, la Iglesia afrontaría un problema mucho más profundo que una crisis de comunicación. Afrontaría una crisis de justicia. Porque la salvaguarda no puede depender de la capacidad de presión de una víctima. Debe comenzar precisamente donde esa capacidad no existe.
Esa puerta no suele abrirla un juez. Ni un fiscal. Ni un obispo. La abre alguien que responde un correo electrónico, organiza una reunión o decide guardar silencio. Y es en ese instante, mucho antes de cualquier sentencia, cuando una víctima empieza a descubrir si la institución cree de verdad en aquello que proclama.
Durante los últimos meses, casi sin darme cuenta, se han ido acumulando sobre mi mesa cartas, entrevistas, comunicados, resoluciones, transcripciones, fotografías y publicaciones periodísticas correspondientes a distintos lugares, distintas instituciones y distintos años.
Al principio pensé que se trataba de investigaciones independientes. El caso de Amadeo Elcoso en Aragón. Las denuncias de Javier Alcántara en México y Ecuador. Las respuestas públicas de responsables de comunicación en Barbastro-Monzón, diócesis de Elcoso durante sus tres décadas de abusador, y de Isabel Llauger. Las declaraciones institucionales. Las cartas que nunca obtuvieron respuesta. Pero los documentos tienen una extraña costumbre. Empiezan hablando de personas. Y terminan hablando de sistemas. Sí sé que determinadas preguntas aparecen una y otra vez, aunque cambien los nombres, los países y las congregaciones.
La credibilidad de una institución no comienza cuando publica un protocolo impecable. Quizá empiece mucho antes, tal vez el día en que alguien, al otro lado de una puerta, decide que una víctima merece algo más que una respuesta automática.
Y quizá también empiece el día en que el periodismo decida no conformarse con contar casos aislados, sino preguntarse si existe una historia más grande que todavía no hemos sabido contar.
Sobre el caso Amadeo Elcoso y Carlos Monguilod, marido de Llauger
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